El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, asegura que buscará el cierre del CNP, no obstante, se basa en premisas y datos falsos esparcidos por medios de prensa y diputados de la legislación pasada ligados a grupos de interés que buscan eliminar el Programa de Abastecimiento Institucional.
“El CNP vende producto descompuesto a precios más altos de los del mercado y no tiene ningún sentido para el presupuesto de la política social”, dijo Feinzaig durante la campaña electoral cuando aspiraba a Presidente y lo ha repetido con ciertos matices ahora que se quedó con la curul.
Pese a que estas diatribas contra los productores costarricenses se han desmentido una y otra vez tanto en la Asamblea Legislativa como en medios de comunicación. Aún así, los intereses de las empresas alimenticias y los grandes intermediarios del mercado acusan sin datos reales que son repetidos por diputados como Feinzaig, que no tienen respuestas para los pequeños productores y ni siquiera los atienden.
Si bien, hay quejas en el servicio, las mismas “representan solo el 0,02% de las entregas que hacemos”, dijo a La Voz Cooperativa, Roxana Segura, de la Comisión Nacional de Productores del PAI.
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Y sobre los sobreprecios, no existen estudios reales que hablen de ello y que lo demuestren, pues el único supuesto estudio que ha sido repetido por los medios comerciales y por diputados que buscan el cierre del CNP, es del MEP, y su rigurosidad quedó en el suelo cuando fue puesta a discusión en el Congreso.
En noviembre pasado, el director del Programa de Equidad del MEP, Leonardo Sánchez, dejó en evidencia que el supuesto estudio, solo partieron de supuestos, valga la redundancia, y no pudo garantizar la fidelidad de los datos.
El supuesto estudio se trató en realidad de una encuesta dirigida a las Juntas de Educación del MEP en un Google Forms donde no se establecía una comparación real de precios de mercado ni se tomaron en cuenta variables de traslado, inocuidad y tiempo de espera en facturación de los productos.
Tampoco tomó en cuenta que muchas de las juntas entrevistadas, ni siquiera compran productos al CNP y omitió que en realidad dicho estudio había sido solicitado por la Contraloría sobre las ventas de los intermediarios y suplidores que están fuera del PAI.
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Ante los diputados, aceptó que no tenía el universo de los datos ni la información correcta. “Yo no puedo controlar al final lo que eligen los centros educativos”, dijo el funcionario.
En esta línea el expresidente del CNP, Rogis Bermúdez, así como asociaciones de productores como el Conapai y la Asociación de Frijoleros, donde participan cooperativas agrícolas, han desmentido reiteradamente estas afirmaciones.
Bermudez y su sucesor, Ángel Jiménez, han aclarado que no hay posibilidad de sobreprecios en el servicio, pues no se puede comparar un programa de abastecimiento donde el principio es comprar a precio justo al productor, que comprar a revendedores e intermediarios, como las grandes cadenas de supermercados que tienen sus ojos puestos sobre el mercado de los agricultores ticos.
Cadenas transnacionales como Walmart y supermercados chinos tientan sobre todo a las juntas de Educación, con regalías y sin ningún tipo de control, para acceder al mercado institucional dirigido a cooperativas y pequeños y medianos productores.
De prosperar las propuestas planteadas por Feinzaig y que tienen el mismo tono de diputados de la Asamblea anterior como Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez del PLN, Pablo Heriberto Abarca del PUSC y Nidia Céspedes afín a Nueva República de Fabricio Alvarado, se desarmaría el PAI.
Esta situación ha avanzado como nunca antes en el gobierno de Carlos Alvarado, a través de desinformación en medios afines a importadores de granos y productos agrícolas que no toman en cuenta en su plan de negocio al productor nacional y ahora Feinzaig toma la estafeta de enemigo de los productores adscritos al CNP.
El PAI está dirigido a la compra y comercialización en instituciones del Estado de los productos de pequeños y medianos empresarios, sin embargo, el hambre del mercado ya atenta contra ellos y Feinzaig encabeza la lista de operadores políticos que benficiarían a los grandes empresarios alimentarios, pese a que esta es una práctica que solo conlleva a más pobreza y desigualdad, según ha advertido la propia FAO.
