Aarón Chinchilla. – El presidente de la República, Carlos Alvarado, tiene una idea clara: Si el país no avanza con la agenda de proyectos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el riesgo económico para el país es “inminente”.
Así lo dejó ver en su informe de labores 2020 ante la Asamblea Legislativa, el mandatario afirmó que, en caso de que el Congreso no tramite los ocho proyectos de ley planteados ante el FMI, el país corre el riesgo de comprometer su situación económica y además, el país podría tener consecuencias a un corto y mediano plazo.
“Ante este Congreso está un acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es la vacuna para la estabilidad que necesitamos. La necesita el presente, la necesita la futura generación, y todas las personas a través del país (…). Pido, por lo tanto, respetuosa y enfáticamente a este Parlamento, la aprobación del acuerdo con el FMI y su agenda adjunta. La agenda de reforma y mejora continua que impulsa la Administración debe seguir”, afirmó.
Según el mandatario, si no se tramita la agenda, el próximo Gobierno entrará en su primer año en un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas fiscales que hoy, con las propuestas ante el FMI, podrían quedar zanjados.
“Adelanto que, para cumplir las metas, la próxima Administración deberá seguir en la ruta de rigurosidad de la Hacienda pública y clara priorización de su agenda. No hay margen para tanteos, indisciplina o despilfarros. (Yo) pude haber evitado el costo político de enfrentar de lleno este tema en el último año de mi Administración, pero ese cálculo no lo hago ni lo haré, porque sería traicionar al país al cual juré servir. La salud de nuestras finanzas públicas no es un fin en sí misma. Es la forma para que tengamos los recursos sanos para hacer realidad, sin penurias”, agregó.
RECORTES
De acuerdo con Alvarado, el plan presentado ante el FMI no implica recortes tal como ha sido planteado por distintos sectores, sino que reduce el gasto y la desigualdad entre los ciudadanos.
Además, considera que el acuerdo con el Fondo no constituye ni despidos, ni reducciones salariales, privatizaciones ni aumenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“El plan no grava a los más pobres. Reduce el gasto público y a la vez que genera ingresos solidarios y progresivos como en el caso de los tributos a las casas de lujo, los premios de lotería, las remesas o la renta global. Genera mayor igualdad eliminando exoneraciones que benefician a unos, pero a costas de los demás, y pone a las empresas públicas, las de todas y todos, a aportar para ser parte de la solución”, dijo.
Además, Alvarado hizo un llamado al Congreso para avanzar en el ingreso a la OCDE, la reforma al empleo público, el proyecto de Ley de contratación administrativa, entre otros.
“Respetuosamente pido a esta Asamblea la aprobación de proyectos tan relevantes como la Ley del fondo de avales, la Ley de moratoria para Pymes ante la CCSS, y la Ley sobre el derecho de uso ambiental. Asimismo, una ley para los precios de los medicamentos, la Ley para la prohibición de la explotación y exploración petrolera, la Ley para la pesca del atún y la nueva Ley para el transporte público en buses. Las reformas al Estado deben venir, pero el Estado Social de Derecho debe prevalecer”.
REFORMAS
Además de centrar su discurso de primero de mayo, Carlos Alvarado afirmó que las reformas al Estado deben venir a la prontitud posible o el Estado Social podría tener sus días contados.
‘Hemos aprobado una reforma fiscal y negociado un acuerdo con el FMI y hemos demostrado que es posible enfrentar la crisis fiscal sin desmantelar el Estado Social. Desde nuestra óptica, la única manera de garantizar la supervivencia de ese Estado Social de Derecho es saneando las finanzas públicas y asegurando que contaremos con recursos para mantenerlo en funcionamiento’.
De acuerdo con el mandatario, los cambios son titánicos, puesto que, algunas instituciones que se encuentran enfermas, deben ser modernizadas y además, se debe asegurar que las personas que las lideren, asuman cargos con responsabilidad.
“Las empresas públicas son del Pueblo costarricense, no de intereses privados que les compran o venden, no de sus sindicatos, no de los jerarcas de turno. Entender esto es un cambio que debe prevalecer en la política del Bicentenario si este país quiere soñar, pensar en grande y prosperar. Aun así, puedo decir que las instituciones democráticas de Costa Rica siguen siendo fuertes”, agregó.
