Proyecto de ley intenta intervenir Infocoop y Conacoop usando política de género

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El informe de minoría de la liberacionista Paola Valladares afirma que la iniciativa es inconexa y crea más burocracia

Fiorella Carmona/ Aarón Chinchilla. – A través de un proyecto de ley “para implementar políticas de género en el cooperativismo”, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) pretende una nueva intervención al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

Bajo el discurso de impulsar y “adoptar políticas de equidad dentro el cooperativismo”, la bancada oficialista impulsa el expediente 21.051 que reforma una serie de artículos de la
4179 (Ley de Asociaciones Cooperativas)y “crear un comité para políticas de género en el cooperativismo”, no obstante, intervendría la conformación de las juntas del Infocoop, Conacoop, CPCA, además de las confederaciones, federaciones y uniones en todo el país.

Adicionalmente, el comité, impulsado por el PAC, eliminaría las funciones actuales del actual Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas (CNMC), único órgano de representación de las mujeres a nivel nacional dentro del cooperativismo.

Del mismo modo, se pretende conformar un cuarto sector político dentro de la toma de decisiones, ya que el texto adopta dentro de la conformación del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

Además, el texto plantea que, sea integrado por los tres sectores actuales (cooperativas de autogestión, producción agrícola e industrial, además de demás cooperativas ) y adicionalmente se incluya el apartado político de “ahorro y crédito”, las cuales deberán celebrar cooperativas separadamente.

Inconexo De acuerdo con el informe de minoría presentado por la liberacionista Paola Valladares, la propuesta impulsada por el PAC no es vinculante, ya que pretende desestabilizar al Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas, Infocoop, Conacoop y CPCA, además que “crea más burocracia y duplica las funciones que viene realizando el Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas (CNMC)”.

El informe determina que el proyecto de ley pretende transversalizar todas las acciones que se realizan en toda la estructura y órganos movimiento cooperativo.

“Una lectura de la exposición de motivos conduce a la evidente conclusión de que la finalidad que persigue este proyecto de ley no tiene ninguna relación con la forma de
integración del Conacoop”, afirma el informe de la diputada Valladares.

Asimismo, se documenta que la propuesta de ley invisibiliza el Plan Estratégico del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas y cambia el destino de los recursos, lo que violenta el principio para fiscalidad, variando el destino de los aportes que las cooperativas realizan al Conacoop.

“El financiamiento propuesto para el citado Comité, es excesivo, provocando un debilitamiento a la autonomía financiera del Conacoop, Infocoop y CPCA, en este momento de crisis. Se omiten aspectos en cuanto al funcionamiento (Votaciones  Quorum, Impedimento, Causales de remoción de convocatorias ordinarias y extraordinarias, periodicidad de las reuniones, aspectos que no se puede regular vía reglamento, según el voto de la Sala constitucional 243-93 del 19 de enero de 1993”, precisa el informe presentado por la liberacionista.

Más cuestionamientos: Además de las críticas emitidas por el informe, existen severos cuestionamientos sobre el plan PAC para intervenir la conformación del Conacoop e Infocoop, ya que en el artículo186 de la creación de un ente público no estatal con personalidad jurídica y plena autonomía de administración y organización financiera, por lo que no está posibilitado para participar en las asambleas sectoriales del cooperativismo, pues éstas convocan única y exclusivamente a cooperativas y federaciones y uniones de cooperativas de ámbito nacional.

Incluir al citado Comité en la integración del Conacoop sería aceptar que un ente público no estatal, como lo es el citado Comité, estaría interviniendo en la actividad y políticas públicas encomendadas por ley a otro ente público no estatal, como lo es
el CONACOOP.

Habría una injerencia de una entidad pública sobre otra, locual es jurídicamente imposible.

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