Proyecto contra acoso laboral convocado por Chaves es devuelto a comisión

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Plenario

Por Ovidio Vargas.

El proyecto de ley contra el acoso laboral en el sector público y privado fue devuelto a la Comisión de Asuntos Sociales, luego de que este fuera convocado por el Poder Ejecutivo para ser discutido en la Asamblea Legislativa.

Esta iniciativa bajo el número de expediente 20.873, plantea determinar cuales son las conductas que estarían sancionadas como acoso laboral y sus respectivos castigos.

La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, enfatizó en la necesidad de que este proyecto sea evaluado nuevamente desde comisión para que llegue a buen puerto.

“Insisto que este proyecto pueda ser devuelto a comisión para que pueda ser analizado y mejorado en un tema tan importante como los es del acoso en el lugar de trabajo, debemos garantizar que la integración a un espacio laboral sea de una manera segura”, expresó Vindas.

Para las personas que incurran en acoso laboral tendrán sanciones de hasta tres meses de suspensión sin goce de salario, podrá ser despedido sin responsabilidad patronal o una amonestación escrita con copia en el expediente.

En el caso de un funcionario público se contempla la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta por un plazo de tres años, en el caso del sector público.

Las conductas definidas como acoso laboral, según su artículo 5 son:

  • Realizar un cambio de espacio físico, injustificado y desproporcionado, en condiciones inferiores a las que se encontraba la persona trabajadora. 
  • Limitar el acceso a información, herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo la labor. 
  • Propiciar acciones dolosas que induzcan al error con evidente perjuicio para la persona acosada. 
  • Asignación, de manera injustificada y desproporcionada, de tareas incongruentes con las funciones para las que fue contratada. 
  • Asignar cargas de trabajo tanto altas como bajas de forma injustificada. También se incluye la no asignación de trabajo de forma injustificada.
  • Hacer constantes amenazas de despido, traslado o sanciones, por motivos no justificados y que nunca llegan a materializarse. 
  • Realizar múltiples y reiteradas denuncias disciplinarias por motivos no justificados y evidentemente diferenciados con respecto a conductas similares del grupo de trabajo.
  • Ignorar o descalificar constantemente el trabajo, ideas o propuestas por motivos no justificados.
  • Ejercer represalias contra la persona que realiza alguna denuncia o demanda por acoso laboral u otros presuntos delitos, relacionados con el centro de trabajo.

Este proyecto fue impulsado por la exdiputada María José Corrales del PLN, quien le agradeció al presidente Chaves su convocatoria.

Ahora, este proyecto, según la moción aprobada por los diputados, deberá discutirse en un plazo de 30 días para ser votado en el plenario

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