La Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Costa Rica (Fundeprode), levantó la voz para denunciar la medida cautelar que tomó un juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que sigue favoreciendo a la empresa autobusera Alfaro.
La medida le permitiría a la empresa Alfaro seguir operando en condiciones de precariedad, en perjuicio de la población usuaria de la ruta de buses entre Nicoya y San José.
Esta autobusera ya dejó en evidencia sus irregularidades en setiembre del año anterior, al dejar en abandono el estado de salud de una treintena de usuarios y en desamparo a las familias de nueve fallecidos que no pudieron recibir el seguro por la ilegalidad en la que operaba la empresa.
Hermez González, Presidente de Fundeprode, advierte que el caso ruta de transporte público número 1507 San José – Nicoya y viceversa (expediente número 23-002242-1027- CA), fue llevado por el juez, José Ariel Solano Solano, mismo que tomó la decisión de reanudar el permiso de la ruta a Nicoya de la empresa Alfaro, aumentando la incertidumbre de los usuarios que han visto sus derechos vulnerados por la falta de seguros tipo C en estas unidades.
Tras la serie de irregularidades detectadas en su funcionamiento por el Consejo de Transporte Público (CTP) de eliminar el permiso de operación a esta empresa autobusera, el Contencioso Administrativo resuelve devolverle la operación bajo permiso en precario a la misma empresa que no solo incumple con los lineamientos operativos, sino incluso con el marco legal vertido en la Ley 7600, que señala el impedimento de circulación para autobuses después de transcurridos quince años de su fabricación y dicho plazo es improrrogable.
“Consideramos lamentable, la medida suspensiva adoptada, sin embargo, no dudamos de la transparencia y análisis objetivo, que, a partir de este momento, se llevará a cabo por parte del señor Juez, urgiendo la resolución de este asunto tan delicado”, afirmó González
De ahí que esta organización reitera la solicitud formal y la excitativa al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador y a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, para que “de manera urgente y de conformidad con sus competencias legales y previo otorgamiento del debido proceso a la empresa prestataria, procedan a realizar el concurso por el nombrar un nuevo operador”, señala la nota.
Además, la Fundación pide que el nombramiento recaiga en una empresa “con la capacidad y ética suficiente, para brindar el servicio de transporte remunerado de personas en la mencionada ruta, en virtud de los graves incumplimientos y condiciones paupérrimas en que se venía llevando a cabo, la operación de este servicio, en perjuicio directo de las comunidades del cantón de Nicoya”.
“Esperamos, que no se vuelva a repetir un episodio tan lamentable, producto de la falta de supervisión del Estado y sus instituciones, así como de la soberbia e irresponsabilidad de la empresa infractora, indolente e insensible al sentimiento de la vida, derechos humanos, que precisamente defiende esta representación”, concluyó González.
