Por Ovidio Vargas.
El Poder Ejecutivo convocó cinco proyectos de ley que forman parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al crédito por ¢1.700 millones (o al menos eso sostiene el gobierno); a pesar de los diferentes rechazos de los diputados de oposición para avanzar en las iniciativas.
El primer expediente en generar discordia entre los pasillos legislativos es el expediente 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”, la cual cuenta con 35 inconstitucionales señaladas por la Sala IV, razón por la que se pide un nuevo texto que corrija esta situación.
Sin embargo estos errores debían modificarse en la comisión que dictaminó el proyecto originalmente y no por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad
Aunado a esta la diputada independiente, Paola Vega, aprovechando su condición de exoficialista y develó un secreto del Gobierno al afirmar que este proyecto no es obligatorio para acceder al crédito.
La otra iniciativa es el expediente 22.369 “Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”. El mismo que plantea gravar el salario escolar en los empleados públicos.
Sin embargo, el tema a tocar y que preocupa a nuestras organizaciones es el aumento del 10% al 15% la impuesto sobre la renta que pagan las cooperativas y asociaciones solidaristas.
Ya que en el artículo 2 de esa ley se eliminaría lo que estipula el artículo 31 ter-:”Los excedentes o utilidades pagados por cooperativas u otras similares a sus asociados estarán sujetos a una tarifa del diez por ciento (10%).”
La Reforma a la Ley General de Aduanas (22.364) en el que se contempla la nacionalización de mercancias en el punto de ingreso con el fin “abordar de manera directa la problemática de contrabando”.
La inciativa cuenta con el repudio de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), calcula que los costos podrían aumentar $500 por container.
Además, aseguran que no se trata de una política integral, ya que el país no cuenta con la estructura tecnológica avanzada para combatir el contrabando, a pesar de que el proyecto tiene modernizar el sistema aduanero y sus controles.
Entre dudas y críticas de legisladores como Paola Vega y Jose María Villata, el expediente 22.382 “Impuesto a Inmuebles de Lujo”, mantiene el portillo para que las casas de lujo (con un valor mayor a 325 salarios base) sigan sin pagar impuestos cuando estas sean demarcadas como ociosas o que se encuentran en venta.
El artículo 15 de esta iniciativa que los bienes considerados como inmuebles de lujo “formen parte del inventario para venta de las empresas desarrolladoras de este tipo de bienes, deberán demostrar a la Administración Tributaria que las mismas se encuentran en venta, que están desocupadas y que no se están dedicando a ninguna otra actividad y, además, quedarán obligadas a informar de inmediato a la Administración Tributaria cuando se produzca algún cambio en estas condiciones”.
La congresista Vega aseguró que se trata de una clasula “hecha a medida y semejanza de las necesidades del ministro André Garnier, quien evadía el pago de impusetos mediante un portillo legal que le ponía un rótulo de se alquila todo”.
Por su parte, el diputado Villalta expresó que el tributo recae sobre la propiedad que “es una manifestación de riqueza”, el hecho de que esté en venta, en inventario, o sin alquilar esto no debe quitar la obligación de pagar el impuesto.
El frenteamplista añadió que cualquier propietario podría tener “una situación complicada” para argumentar del por qué debería evitar el pago del impuesto.
El proyecto de ley Impuesto Sobre la Renta Global Dual contenido en el expediente 22.393, el cual ya no podrá ser alterando desde la comisón. Su fin es homologar el tratamiento de las rentas de los asalariados con los de trabajadores independientes.
Esto mientras el presidente contradice a los expertos del BID, quienes recomiendan meter el aguinaldo dentro del impuesto de renta.
El Gobierno todavía tendrá lo que resta de este mes, junto a diciembre y enero para ganar adeptos que presionen por agilizar los trámites pertenecientes a la agenda con el FMI.
