Gobierno desiste en plan con el FMI y abrirá mesa de diálogo con cooperativas y otros sectores

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Conversación con la expresidenta Laura Chichilla y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez sobre las finanzas públicas y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sesión de escucha y diálogo, Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, Presidente Carlos Alvarado, Casa Presidencial, 28 Agosto 2020. Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto

 

Aarón Chinchilla. – El Presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que desistirá de avanzar con la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunció que abrirá una mesa con distintos sectores sociales, incluido el movimiento cooperativo.

Tras cinco días de bloqueos en las calles y disconformidad social, Alvarado anunció que retirará el plan original presentado para negociar con el FMI y más bien, abrirá una mesa de diálogo nacional con distintos sectores.

«Acojo con humildad el llamado de los actores democráticos de la sociedad. Atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, sector agropecuario, solidaristas, la academia y sectores religiosos (…) Entendiendo el sentimiento existente, pero además la necesidad de tomar acciones, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial», señaló.

El mandatario manifestó que, además de abrir los espacios, se procura «balancear respuestas» para resolver la situación del país.

«Hay opciones y propuestas y aún hay tiempo para hacerlo, pero no ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee, como la ocurrida hace 40 años», mencionó el mandatario.

Bloqueos:

Sobre los bloqueos en distintas zonas del país, el mandatario hizo un llamado para que se abran las vías y cesen el cierre de vías a nivel nacional.

«Con dolor, he visto los focos de violencia y vandalismo desatados en los últimos días. Violencia y vandalismo que categóricamente condenamos, porque nada de eso tiene que ver con el ideal de paz y de democracia de nuestro país. Esa no es ruta costarricense. Los bloqueos que golpean a nuestra gente, a nuestra producción y ponen en riesgo vidas deben cesar ya. Hago un llamado a quienes se han manifestado de buena fe a que levanten los bloqueos. Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos. Pero no usando la vía del bloqueo o la violencia. No se debe dañar la actividad económica incipiente, que estamos tratando de impulsar con el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, con miras a recuperar el empleo en todas las regiones».

¿Qué decía la propuesta ante el FMI?

En la presentación de un documento de 68 páginas, los ministros Elian Villegas (Hacienda),  Pilar Garrido (Planificación) y  el presidente del Baco Central, Rodrigo Cubero, precisaron que, con el fin de darle sostenibilidad económica al país, el acuerdo con el FMI es de vital importancia y por ello, se deben hacer una serie de cambios estructurales a la composición del Estado y las finanzas públicas del país.

Entre las medidas propuestas para negociar con el FMI están una serie de gravámenes, entre las cuales están impuesto a las transacciones electrónicas y cheques.

De acuerdo con los jerarcas, dicha tasa se cobraría por un período de cuatro años a todas las  transacciones bancarias y de valores. y los primeros dos años a partir de la aprobación de los acuerdos con el FMI, sería de un 0.3% y para los siguientes dos años, un o.2%.

Es decir, en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.

Adicionalmente, se plantea un gravamen sobre la renta a salarios.

En dicho caso, el tributo no afectará a salarios menores de ¢840.000, sino que  cobraría un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

Por otra parte, se tasaría utilidades y remesas al exterior. En el caso de los excedentes, se cobraría progresivamente a personas físicas con actividades lucrativas  que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000.

Dicha situación irá aumentando  de 2,5 puntos porcentuales a 10 % en el último tramo.

En el caso de personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta y para  aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.

En el caso de las remesas, el Gobierno prevé cobrar un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.

Más impuestos, recortes y reducción del aparato estatal:

Además de los ya citados, parte de la propuesta del Gobierno es aumentar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales, la eliminación de exoneraciones a cooperativas (que ya pagan impuestos), salario escolar, rentas de capital y SUTEL.

En la misma línea, se prevé el  cierre o fusión de órganos desconcentrados , la eliminación de anualidades , la reducción de la deuda política en 50% y el impuesto del 25% para los premios que excedan el 50% de un salario base.

Asimismo, se impulsará la eliminación, durante cuatro años, del aporte patronal del 5% salarial para Fodesaf, como parte de la agenda de acuerdo con FMI

En el caso de la reducción del aparato estatal, se sostiene la venta de dos activos (por ahora): BICSA y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

Del mismo modo, los jerarcas anunciaron que se implementará un sistema de movilidad laboral voluntario, con la idea de reducir la planilla en el sector público, como parte de las medidas de estabilidad financiera que se presentarán al FMI para acceder a un servicio de crédito ampliado.

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