Eliminar recursos al Infocoop es una amenaza directa al trabajo de 300 mil personas

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*Por Geovanny Villalobos Guzmán
Presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop)

La eliminación de las cargas parafiscales para los bancos del Estado va mucho más allá de una mera simplificación del aparataje estatal.

Esta propuesta de la Unión de Cámaras promueve en realidad el cierre técnico del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), así como de los órganos cooperativos que tienen el mandato de ley de defender y representar al movimiento cooperativo en Costa Rica.

Esta propuesta es un atentado al movimiento cooperativo, al emprendedurismo y al empleo directo de 50.000 personas e indirecto para cerca de 250.000 más.

La petición de Uccaep, planteada como se consigna en la matriz de la mesa de diálogo, resulta inviable de pura entrada, pues atenta contra el artículo 64 de la Constitución Política de 1949, que para los efectos de esta mesa señala y cito:

Artículo 64. – El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores.”

Este no es un enunciado vacío. Nuestra Constitución Política ordena al Estado “fomentar” la creación de cooperativas para “facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores”.

No es una menuda tarea, y con sus aciertos y pecados, el Infocoop ha demostrado vocación para el fomento de las cooperativas. Y quiero apuntar sobre esta palabra el sentido concreto que tiene: fomentar no pasa solo por apoyar o echar porras para que se de la creación de nuevas cooperativas.

Fomentar es un verbo que de acuerdo con su primera acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa, y también cito: “promover, normalmente mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos actividades consideradas de utilidad general”.

Quiero reafirmar e insistir en que no se trata solo de destinar un 10% de las utilidades de la banca estatal al desarrollo de cooperativismo.

El diseño institucional del movimiento cooperativo en Costa Rica, aplaudido internacionalmente, pasa por una estructura que no solo entrega dinero a emprendedores cooperativizados, también promueve, divulga, capacita, supervisa acompaña y apoya.

El fomento ordenado por el artículo 64 de nuestra Constitución pasa también por un proceso de representación e incubación de empresas cooperativas, que generan trabajo y desarrollo en polos del país a los que no llega el cálculo de ganancias que motiva al empresariado ordinario.

Eliminar el recurso que se gira al Infocoop, prácticamente es una orden de cierre para esta entidad que, coloca recursos en la generación directa de puestos de trabajo.

Y esto implica, además del cierre del Infocoop, el cierre del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), que es la institución que representa y defiende a las cooperativas en el país. Ambas entidades creadas el 20 de febrero de 1973, mediante la ley No. 5185.

Probablemente, hay gente en el sector empresarial que se sentiría mucho más cómoda si no existieran cooperativas, aunque esto le cueste el empleo a miles de costarricenses. Por eso nos parece un contrasentido mutilar una institucionalidad que busca la satisfacción, promoción y mejoramiento económico a casi un millón de costarricenses vinculados al cooperativismo a través del trabajo.

Asimismo, esta propuesta desarticula y elimina la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), constituida por la ley No. 4179, el 5 de mayo de 1982 y que es una incubadora de pequeñas empresas cooperativas que apoya y acompaña en la creación de cooperativas de autoempleo o empleo asociado.

Desmontemos mentiras

Consideramos oportuno y necesario desmontar algunas mentiras que se han propalado por parte de enemigos del Movimiento Cooperativo, como por ejemplo, esa cantaleta de que el cooperativismo no paga impuestos.

Esa es una mentira que, además de grosera, ensucia el esfuerzo de miles de cooperativistas que aportan al Estado.

Para el 2018, el aporte del cooperativismo al Estado mediante el impuesto sobre la renta llegó a 8.200 millones de colones, y desde la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esta cifra en el 2021 sería de cerca de 23.320 millones de colones de acuerdo con las proyecciones hechas antes de la pandemia.

Atacar al cooperativismo es atacar la generación de empleo y la empresa de miles de asociados.

De la misma forma en que se defiende con fiereza el aporte de trabajo de las empresas en el Régimen de Zonas Francas, es nuestro deber el defender a las empresas cooperativas.

Estamos convencidos que el trabajo y la producción es la mejor forma de promover el desarrollo y la reactivación económica. Imponerle impuestos al sector productivo es atar de manos la capacidad de generar riqueza, y en un país pobre y sin trabajo, por más leyes que se aprueben, no habrá impuestos qué recoger.

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