Diputados dan primer debate a ley de generación (eléctrica) distribuida

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A pesar de que fue aprobado por el plenario en su trámite de primer debate, el expediente 22.009, Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos podría ser revisado a petición de diputados del PAC.

La diputada Paola Vega defiende la votación de mociones para modificar el expediente, que ya suma 58 mociones de reiteración, de las cuales se han conocido 13, lo que atrasará el trámite de esta iniciativa de ley.

La iniciativa avanza en medio de la protesta del ICE y de cooperativas generadoras de electricidad que alertan sobre aumentos en el precio de la energía.

El proyecto promueve el negocio de paneles solares y de otras fuentes renovables, sin embargo, ha sido cuestionado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R.L.) han señalado que esta norma provocaría una alza en los precios de la energía.

Aún así, el proyecto está cerca de ser aprobado, se autorizaría la generación de electricidad distribuida que en la actualidad solo se permite para el autoconsumo y que está regulada vía reglamento.

Esto daría protección de ley a la producción de electricidad mediante fuentes renovables para satisfacer las necesidades de los abonados interconectados a la red de distribución del sistema eléctrico nacional (SEN).

El proyecto ha sido fuertemente impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN), en especial por la diputada Paola Valladares quien meses atrás dijo que “será una ley que permitirá democratizar y abaratar la energía, es porque el cliente, el abonado, la persona física o comercial va a tener la posibilidad de decidir si produce su propia electricidad o se la compra a los operadores, al ICE, a los generadores eléctricos o a las cooperativas”.

William Villalobos, director ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida, destacó
que “esta ley se convierte en la primera ley de la República que supera la concepción
clásica del Servicio Público. Por primera vez en el país se incorpora una categorización
jurídica mucho más pertinente para los Recursos Energéticos Distribuidos definiéndolos
como Servicios Económicos de Interés General”.

Aún así, Vega insiste en que el proyecto, que podría representar una amenaza para los intereses del Instituto Costarricense de Electricidad, está llena de imprecisiones pues no define conceptos como es el interés general y que a su criterio traerá problemas a la hora de aplicar la norma.

Además, considera que la venta de excedentes energéticos no deberían de darse o tendría que ser mínimo puesto que es para autoconsumo que no podría ser adquirido por otra empresa.

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