Esteban Mata / Diego Arce.- El impulso a nuevos impuestos incluidos en los proyectos de la denominada agenda del FMI que promueve el Gobierno en el Congreso empieza a tropezar, luego de un fuerte empujón por parte del Poder Ejecutivo que se desvanece conforme avanza el calendario electoral.
Con la campaña en ciernes, ya no es un buen discurso para la mayoría de fracciones legislativas aquello de cargar al sector productivo con nuevos impuestos.
Esto se hace notar en el poco avance de los ocho proyectos de ley negociados entre el Gobierno de Carlos Alvarado y las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para darle viabilidad a una línea de crédito para rescatar las finanzas del Estado.
El reclamo es evidente. La jefa de fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, considera que el PLN no ha cumplido con los compromisos que precedieron a la elección de la liberacionista Silvia Hernández como presidenta de la Asamblea Legislativa.
Guido considera que desde el Partido Liberación Nacional (PLN) no se ha cumplido con la conformación de una comisión que discuta exclusivamente la agenda de proyectos del FMI.
Por el contrario, estos expedientes están diseminados en las comisiones legislativas, concentrados especialmente en tres de los foros: Asuntos Económicos, Asuntos Jurídicos y Asuntos Hacendarios.
Las tres comisiones son presididas por diputadas del PLN, y su avance no es el que esperaban las autoridades del Poder Ejecutivo pese a que los proyectos caminan en la etapa de comparecencias.
¿Y CUÁL ES LA AGENDA?
En enero, el Poder Ejecutivo se comprometió con el FMI a aprobar el crédito por $1778 millones que de acuerdo con Casa Presidencial, comprometía al país a una serie de reformas de ley para mejorar las finanzas del Estado.
Sin embargo, tanto en el FMI como en el Congreso hay conciencia de que la aprobación del crédito (realizada por los diputados a mediados de julio) no comprometía al Estado a una aprobación de proyectos específicos.
Aún así, la jerarca del Ministerio de Planificación, Pilar Garrido, ha insistido frente a los diputados la urgencia de aprobar estos proyectos de ley, que detallamos a continuación:
Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal (expediente 22.384): El proyecto establece que 14 empresas públicas costarricenses tengan que dar un aporte solidario de hasta el 30% de sus utilidades por los próximos cuatro años.
Reforma a la Ley General de Aduanas (expediente 22.364): El proyecto incorpora un requisito de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) para importadores, exportadores y auxiliares de la función pública aduanera. Incluye la figura del pago diferido de la Obligación Tributaria Aduanera.
Ley Marco de Empleo Público (Expediente 21.336) Este proyecto se encuentra en consulta en la Sala Constitucional: Establecer un régimen único en el sector público en materia de condiciones, salario, incentivos, jornada y condiciones laborales.
Ley Impuesto Especial Sobre los Premios de Lotería y Otros Juegos de Azar que Venda Distribuya o Comercialice la Junta de Protección Social (expediente 22.354): Propone un impuesto del 25% a los premios de la Junta de Protección Social (JPS) que tengan un valor superior a medio salario base (₡232 mil).
Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente 22.369): Propone homologar las tasas de las rentas de capital al 15% y un aumento temporal de dos años a un 16,5%. Incrementar el impuesto sobre remesas para que quede en 0.14%.
La homologación de las tasas de rentas de capital al 15% incluye los rendimientos que se generen en las cooperativas y asociaciones solidaristas. Además, el plan elimina la exoneración de renta al salario escolar.
Impuesto a las casas de lujo (expediente 22.382): Propone que, a partir del 2023, el impuesto sobre la renta sea calculado sobre todos los ingresos de las personas físicas contribuyentes, sin importar el origen de los fondos.
Además, plantea un aumento en el pago de rentas de capital, homologando los pagos a un 15%, lo que aumenta la carga de impuestos a la producción.
Ley del Impuesto sobre la renta global dual (expediente 22.393): Propone que, a partir del 2023, el impuesto sobre la renta sea calculado sobre todos los ingresos de las personas físicas contribuyentes, sin importar el origen de los fondos.
Reducción del Gasto Público Mediante la Eliminación de Plazas Vacantes y Congelamiento de Aumentos de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional (expediente 22.368): Reduce la partida para adquisición de bienes y servicios en 7,5% cada año con respecto al anterior, hasta alcanzar en el 2025 un límite superior de 67,7% de lo ejecutado durante el 2020.
Limita el crecimiento de la partida de transferencias corrientes a un 0,5% cada año y da rango de ley al decreto que establece la eliminación de las plazas que queden vacantes en los ministerios, sus órganos desconcentrados, dependencias adscritas y demás órganos del Poder Ejecutivo.
