El Superintendente General de Seguros, Tomás Soley, dijo estar en contra del proyecto de ley 22.369 que forma parte de la agenda del Gobierno con el FMI.
Soley compareció la tarde de este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos junto a otros funcionarios de la Sugese (Superintendencia General de Seguros), para que dieran su criterio sobre el expediente.
Para el superintendente, este proyecto viene a afectar más que apoyar la economía costarricense y actividades claves para la reactivación de puestos de trabajo en muchas y diversas áreas.
Más daño que beneficio
Según Soley, el proyecto va en contra de los objetivos que tiene planteado el Estado en materia de reactivación económica y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además indicó que tendrá un fuerte impacto en los mercados.
En cuanto al aumento que se plantea en el cobro de rentas de capital, donde se propone una homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a la tarifa general del 15%
El funcionario explicó que la penetración de los seguros es baja y la presencia de los mismos es “casi ausente en la economía nacional” e incrementar en la prima de los seguiros de casi en un 90% es inviable.
Para Soley con esta propuesta de ley se pone en riesgo el mercado de seguros al encanecer los mismos
Además, indicó que los seguros son clave para el tema de gestión de riego, por ejemplo en un país sísmico como Costa Rica (justo este miércoles volvió a temblar y esto generó zozobra entre los diputados).
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La iniciativa de ley establece cambios en el tema de renta donde por el transporte y las comunicaciones se pagará una tarifa del 13,5%. Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra remuneración que se pague por trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, se pagará un 15%.
Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará un 30%.Mientras que por los reaseguros, los reafianzamientos y las primas de seguros de cualquier clase, se pagará una tarifa del 10,5%.
La utilización de películas cinematográficas, películas para televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o sonidos, así como por la utilización de noticias internacionales, se pagará un 25%. Y por radionovelas y telenovelas se pagará un 55%.
La diputada Paola Vega indicó que la Asociación de Aseguradoras Privadas señalan que los costos pasarían a los consumidores y consultó sobre cuál es el criterio de la SUGESE, a lo que Soley comentó que “el Estado pone un impuesto y hay que revisar quién lo paga al final y el país es muy pequeño en el mercado de las reaseguradoras” y estas empresas pasaría en costo pasaría al precio final.
Se indica en la propuesta que los recursos que se recauden serán transferidos al Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), hasta por un monto de quince mil millones de colones por año, ajustable cada año por el crecimiento del índice de precios al consumidor. Dicho monto se transferirá siempre y cuando se recaude un monto igual o superior. De recaudarse un monto inferior, se transferirá la totalidad del monto recaudado.
En el tema del salario escolar, se establece que se aplica sobre el impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales, con lo cual se mejora la solidaridad y progresividad a la vez que se mantiene más del 70% de los salarios, incluyendo el escolar, libre de gravamen dada la base exenta del impuesto.
Un compromiso que no es tal
Este expediente es uno de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en busca del favor del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, hay voces en el Congreso que señalan y recuerdan al presidente Alvarado que el FMI no está obligando al país a cumplir con una agenda legislativa específica, sino complementaria a los objetivos de estabilización de la economía costarricense.
Es decir, no hay castigo, en caso de que estos proyectos no pasen tal y como lo pide Casa Presidencial.
