Redacción. – El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado está obligado a entregar los archivos de respaldo contables que sirvieron de base para el estudio de razonabilidad de precios que detonó el llamado caso Barrenador.
Así lo ordenó la Sala Constitucional, tras declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por la expresidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez
El fallo es claro: la información solicitada no estaba legalmente bajo reserva, ni existía impedimento constitucional para negarla.
Aun así, durante meses el gerente financiero se negó a entregarla, alegando la existencia de una investigación penal. Para la Sala, ese argumento no fue válido, y por el contrario, evidenció una posible violación al derecho fundamental de acceso a la información
Datos clave
La información que solicitó Esquivel eran los archivos originales y respaldos técnicos utilizados para construir tres informes financieros del área de Contabilidad de Costos, documentos con los que el Area de Costos de la CCSS justificó que las cooperativas de salud cobraban supuestos “precios excesivos”.
En un comunicado, la hoy diputada electa oficialista menciona: Esperaremos dicha respuesta para acreditar que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó una decisión acertada en protección de las poblaciones más vulnerables.
Dentro de los temas más relevantes y reveladores estará constatar cómo se comparó el costo de horas ordinarias de las cooperativas con horas extraordinarias de la Caja, cuando las cuatro horas ordinarias adicionales de las cooperativas representan, para la Caja Costarricense de Seguro Social, un horario fuera de la jornada ordinaria.
Esquivel solicitó que los archivos se entregaran certificados, para evitar alteraciones o entregas parciales.
Un giro clave
El voto constitucional no solo ordena entregar la información en un plazo de tres días hábiles, sino que además abre la puerta a responsabilidades disciplinarias. La Sala dispuso que los hechos sean puestos en conocimiento de la autoridad competente para valorar una eventual falta del Gerente Financiero de la CCSS, quien inicialmente negó el acceso y luego cambió su versión ante el tribunal.
Esta eventual investigación que solicitan los magistrados de la Sala Constitucional se suma a otros cuestionamientos e investigaciones contra Gustavo Picado Chacón.
Sobre picado existe una causa penal en trámite, es mputado en una investigación por presunta influencia contra la Hacienda Pública, fraude de ley y administración fraudulenta. El caso está relacionado con decisiones administrativas tomadas entre 2006 y 2010 que habrían generado una crisis financiera en la institución. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó la acusación en el expediente 12-000046-0615-PE.
También existen cuestionamientos por su nombramiento en la CCSS por asumir la Gerencia Financiera estando imputado en una causa penal previa. Picado fue nombrado Gerente Financiero en abril de 2021 por seis años.
Además, en febrero de 2023, la Junta Directiva de la CCSS decidió suspenderlo por cuatro meses con goce de salario y prohibirle asumir otros cargos dentro de la institución mientras se investigaban posibles irregularidades.
Tiene citaciones en la Asamblea Legislativa para explicar su gestión, su nombramiento y decisiones financieras de alto impacto institucional.
Y ahora se le suman: señalamientos por acceso a información pública
pues este 3 de febrero, la Sala Constitucional le ordenó entregar información solicitada y remite los hechos para valorar eventual falta disciplinaria por negativa injustificada,
Para la Sala, este comportamiento podría constituir un incumplimiento de deberes funcionales, en una institución que administra fondos públicos.
Noticias Telediario solicitó a la institución una respuesta sobre la exigencia de la Sala, sin embargo, seguimos a la espera de una respuesta
Lo que está en juego
Más allá del pulso legal, el fallo de la Sala fija un precedente: la existencia de una investigación penal no es excusa automática para ocultar información pública. Cuando se trata de decisiones que afectan políticas de salud, recursos públicos y la continuidad de servicios esenciales, la transparencia no es opcional.
Ahora, con la orden constitucional en firme, la pregunta es directa: ¿qué revelarán los archivos que la Caja mantuvo bajo llave y por qué se resistió tanto tiempo a entregarlos?
