Tras haberse negado una y otra vez, ahora el gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Gustavo Picado, deberá de entregar los archivos de respaldo contables que sirvieron de base para el estudio de razonabilidad de precios que detonó el llamado caso barrenador.
Esto tras un fallo de la Sala Constitucional en el cual declara con lugar un recurso de amparo interpuesto por la expresidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez, hoy diputada electa de la República.
“La información solicitada no estaba legalmente bajo reserva, ni existía impedimento constitucional para negarla.”, dicta de forma contundente la resolución.
Pero durante meses el gerente financiero se negó a entregarla justamente alegando la existencia de una investigación penal, algo que para la sala no es argumento válido, y por el contrario, evidenció una posible violación al derecho fundamental de acceso a la información pública.
Entre la información solicitada por Esquivel están los archivos originales y respaldos técnicos utilizados para construir tres informes financieros del área de Contabilidad de Costos, documentos con los que el Área de Costos de la CCSS justificó que las cooperativas de salud cobraban supuestos “precios excesivos”.
“Esperaremos dicha respuesta para acreditar que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó una decisión acertada en protección de las poblaciones más vulnerables. Dentro de los temas más relevantes y reveladores estará constatar cómo se comparó el costo de horas ordinarias de las cooperativas con horas extraordinarias de la Caja, cuando las cuatro horas ordinarias adicionales de las cooperativas representan, para la Caja Costarricense de Seguro Social, un horario fuera de la jornada ordinaria.” Manifestó Esquivel mediante un comunicado de prensa.
Esquivel solicitó que los archivos se entregaran certificados, para evitar alteraciones o entregas parciales.
