Proyecto de ley propone salida de regla fiscal a entes públicos no estatales

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Por Ovidio Vargas.

El expediente de ley 22.823 plantea sacar a las instituciones públicas no estatales de la aplicación de la Regla Fiscal, la cual limita el crecimiento de los presupuestos de entidades públicas.

La intención de la regla fiscal es “Establecer reglas de gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal.”, según el artículo 4 de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.

El problema surge debido a que los entes públicos no estatales no pertenecen al Estado, sólo están sujetos al Derecho Público por sus potestades de emitir actos en la Administración Pública; inclusive si su origen y fondos son privados.

Sus presupuestos no tienen ninguna consecuencia ni relevancia en la dinámica financiera de los fondos públicos del Estado.

Así mismo, estos entes al ser independientes y ajenos a la organización del estado, el director de operaciones del Conacoop, Roy Rodríguez, considera que “los entes públicos no estatales requieren de un patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines” señaló.

Rodríguez añadió que el patrimonio y la consecución de recursos en estas entidades viene dado por su ley de creación, lo que conlleva una autonomía patrimonial y financiera necesarias para su funcionamiento, lo cual es referenciado como parafiscalidad corporativa.

“En cuanto a sus ingresos, los entes públicos no estatales no están sujetos a los procedimientos que regulan las instituciones de la administración pública, pueden procurarse sus propios recursos pues gozan de autonomía y libertad de actuación respecto a la imposición de cuotas a sus socios o de precios o derechos por los servicios que presten”. señaló Rodriguez.

Justamente, por esta razón; el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) se ha manifestado en contra de la aplicación de la Regla Fiscal, ya que los recursos de la organización provienen de las carga parafiscales de cada cooperativa, la cual paga un 1% de sus excedentes para financiar al Consejo.

Problemática con los recortes al presupuesto

La regla fiscal no permite que la totalidad de los ingresos de una institución se puedan utilizar para el año siguiente, ya que este solo se puede aumentar en un 1,9% (anteriormente un 4,6%), todos los recursos de la institución que se excedan de esa cantidad, pasarán al Ministerio de Hacienda, sin la oportunidad de ser reutilizados por la institución.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el servicio de emergencias 911 y el Ministerio de Educación Pública (MEP) se vieron amenazados en su funcionamiento.

En el caso del INEC el Censo Nacional de este año se aplazó para el 2022, tanto por la pandemia como por falta de dinero, ya que los gastos contemplados para una labor tan grande como lo es el censo (que no se realiza todos los años), no forma parte de los presupuestos cada vez más recortados.

En el caso del 911, este ve amenazado su existencia; inclusive se proyectaba que la institución viviera un cierre técnico para este fin de año. 

Gracias a la prórroga brindada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por las facturas correspondientes a setiembre, octubre y noviembre del 2021, la amenaza de cierre para el servicio de emergencias quedará para el próximo año.

Elena Amuy, directora del 911, también indicó que la regla fiscal no se debería aplicar porque sus ingresos no provienen del Gobierno, sino de la contribución que hacen los costarricenses en el uso del servicio.

Por su parte, el MEP pidió salirse de la regla fiscal para asegurar el servicio de becas y comedores escolares.

La falta en los presupuestos de la cartera quedó en evidencia cuando el ministro Steven González indicó que el giro tardío de recursos en el 2020 afectó el pago de aguinaldos, salarios y compra de alimentos, razón por la cual solicitó un aumento en los recursos del noveno presupuesto extraordinario.

La exministra de Educación Giselle Cruz expresó que las normas contradice a la constitución ya que en la misma se establece que debe dedicar el 8% del Producto Interno Bruto en educación, sin embargo se le aplica la regla fiscal.

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