Por medio de una iniciativa de ley presentada por varias organizaciones del Magisterio Nacional se busca imponer penas de cárcel mayores a quienes realicen un mal manejo de recursos públicos, particularmente aquellos destinados a pensiones, obras sociales e infraestructura.
Lo que se plantea es una reforma al artículo 356 del Código Penal para establecer penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, cuando se compruebe la malversación de este tipo de
fondos.
La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) son quienes por medio de iniciativa ciudadana presentaron el proyecto.
“El país que hoy compite, atrae inversión y se posiciona en indicadores internacionales no se construyó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo del cuerpo docente y de una apuesta sostenida por la educación pública. El Magisterio ya cumplió con su responsabilidad y la continúa haciendo: cotizó, formó capital humano y sostiene el desarrollo del país. Proteger los recursos públicos y sancionar con firmeza su desvío es una condición indispensable para recuperar la confianza en el Estado y evitar que estos abusos se repitan”, señaló Miguel Sobrado, presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA).
