Redacción. – La diputada y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, presentó una denuncia contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, por presunto adelanto de criterio, incumplimiento de deberes y violación a los principios de objetividad e imparcialidad en el marco del denominado “Caso Barrenador”.
La gestión fue interpuesta ante el Poder Judicial y gira alrededor de las declaraciones públicas brindadas por Carlo Díaz el 23 de septiembre de 2024, fecha en la que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ejecutó allanamientos y detenciones contra altos funcionarios de la CCSS, miembros de Junta Directiva y particulares vinculados con la investigación judicial 24-000267-1218-PE.
Ese día, mientras se desarrollaban los operativos judiciales, el fiscal general afirmó públicamente la existencia de aparentes sobreprecios en contratos relacionados con Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), incluso mencionando cifras cercanas al 33%. Según Esquivel, esas manifestaciones fueron realizadas sin contar con estudios técnicos concluyentes ni pruebas definitivas que acreditaran irregularidades en el proceso de adjudicación.
La diputada sostiene que, en ese momento, la investigación apenas se encontraba en una etapa preliminar y todavía no existían peritajes financieros definitivos, análisis forenses terminados o sentencias judiciales que permitieran afirmar la existencia de un perjuicio económico contra la Hacienda Pública.
Para Esquivel, el problema no radica únicamente en las declaraciones brindadas por el jerarca del Ministerio Público, sino en las consecuencias institucionales y mediáticas que estas generaron alrededor del caso.
En el documento remitido a la Inspección Judicial, Esquivel argumenta que Carlo Díaz comprometió el principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público al emitir valoraciones categóricas sobre una investigación penal que todavía se encontraba en fase preparatoria.
La denuncia indica que el artículo 63 del Código Procesal Penal obliga al Ministerio Público a requerir la aplicación de la ley de manera objetiva y conforme a los elementos de prueba existentes, por lo que considera incompatible que el fiscal general adelantara públicamente conclusiones sobre la existencia de supuestos sobreprecios sin respaldo técnico consolidado.
“La justicia no puede convertirse en un espectáculo mediático ni en un veredicto anticipado. En Costa Rica nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia con objetividad, prudencia y absoluto respeto al debido proceso”, manifestó la legisladora mediante un comunicado divulgado este martes.
Esquivel sostiene además que Carlo Díaz habría asumido una posición de “juez y parte”, contaminando la percepción pública del proceso judicial y afectando principios constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Otro de los puntos cuestionados por Esquivel tiene relación con el uso de información confidencial del expediente judicial. La diputada afirma que el fiscal general deberá explicar con cuáles elementos técnicos sustentó sus afirmaciones públicas y cómo obtuvo información sensible sobre supuestos sobreprecios cuando, según la denuncia, ni siquiera existían estudios concluidos sobre ese tema.
El documento también pone en duda los análisis de costos utilizados dentro del caso. Según la denuncia, ni la auditoría interna de la CCSS ni la Contraloría General de la República validaron técnicamente estudios que acreditaran irregularidades en los contratos investigados. Además, Esquivel asegura que algunos análisis presentaban errores relacionados con la incorporación de ceros y variables utilizadas en la evaluación de ofertas presentadas por cooperativas.
La legisladora sostiene que las actuaciones del fiscal general podrían configurar faltas graves dentro del régimen disciplinario judicial, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Servicio Judicial prohíben a funcionarios judiciales adelantar criterio sobre asuntos pendientes de resolución.
Asimismo, la denuncia señala que dirigir una investigación penal bajo un criterio previamente exteriorizado podría afectar la correcta administración de justicia y eventualmente derivar en responsabilidades por incumplimiento de deberes.
Informe de Mayoría
Uno de los principales elementos utilizados por la legisladora para respaldar su denuncia es el Informe de Mayoría emitido por la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa que analizó el Caso Barrenador. Según el documento presentado ante la Inspección Judicial, dicha comisión concluyó que no quedó acreditada la existencia de sobreprecios en el proceso licitatorio relacionado con los EBAIS.
La denuncia también recalca que la investigación legislativa habría avanzado incluso más que la propia investigación penal en algunos aspectos técnicos, ya que —según sostiene el documento— la Fiscalía todavía no contaba con un análisis forense definitivo que demostrara los supuestos sobrecostos mencionados públicamente por Carlo Díaz.
Por esa razón, Esquivel solicitó formalmente la apertura de un procedimiento administrativo-disciplinario contra Carlo Díaz y pidió que, en caso de detectarse posibles conductas delictivas, se remitan piezas para una eventual investigación penal.
Dentro de las pretensiones planteadas ante la Inspección Judicial, la diputada también pidió incorporar como prueba el Informe de Mayoría emitido por la comisión legislativa investigadora, el cual —según afirma— evidenciaría un supuesto “montaje” impulsado desde distintas instancias contra su persona.
Como parte de la evidencia ofrecida, Esquivel adjuntó enlaces a publicaciones periodísticas, registros audiovisuales y declaraciones públicas brindadas por Carlo Díaz ante medios de comunicación y plataformas digitales, donde el fiscal general hace referencia a aparentes sobreprecios relacionados con contratos de EBAIS.
La diputada también afirmó dentro de la denuncia que decidió no presentar directamente la gestión ante el Ministerio Público debido a una supuesta falta de confianza en la imparcialidad de esa institución frente a su caso.
