Por Rogis Bermúdez*
La conocida Gripe Española que se desató entre 1918 y 1920, pudo haber afectado, según registros, cerca de 100 millones de habitantes en el planeta, casi un 40% de la población mundial de ese entonces.
Esa enfermedad destrozó las economías mundiales y afectó a todos los sectores productivos; uno de los más afectados fue el sector agropecuario. Para ese entonces se estima que se pasó de un 57% a un 45% de mano de obra dedicada a la agricultura
Casi un siglo después, el 29 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró alerta por pandemia inminente de la gripe H1N1. Para el 11 de junio se declaró la fase 6, con lo que ya se confirmaba la pandemia, siendo una de cada cinco personas en el orbe víctima de esta enfermedad hasta el 10 del 2010.
Diez años después, para diciembre del 2019 las autoridades Chinas reportan, nuevamente, a la OMS de un brote epidémico de neumonía desconocido, mismo que dos meses más tarde fue nombrado de manera oficial COVID-19.
Posiblemente el impacto en la economía mundial sea incalculable, dado que en los tres casos mencionados se han registrado grandes afectaciones, pérdidas humanas, impacto económico y deterioro social.
Estas pandemias no han diferenciado clases sociales, pues su paso por el mundo deja marca de dolor y depresión en la humanidad; pero es claro que tampoco distingue sectores, ya que la economía depende de la dinámica comercial interna y de importación o exportación.
Un Agro deprimido buscando la Seguridad Alimentaria
Globalmente las potencias mundiales mantienen programas muy bien definidos sobre producción de alimentos y además, brindan subsidios a los productores asegurando la compra de su producción.
En Francia, mas del 60% de dichas ayudas económicas se destinan a las grandes explotaciones agrícolas. Otro ejemplo claro es el de Alemania, que en enero aprobó destinar mil millones de dólares para ayuda a los agricultores durante los próximos 4 años.
El programa agrícola de la Unión Europea distribuye $65 mil millones en ayudas a agricultores y comunidades rurales.
Desde occidente, Estados Unidos acaba de aprobar subsidios por $956 mil millones para el agro norteamericano. La Ley Agrícola, más conocida como Farm Bill, destinará en promedio $97 mil millones anuales con fines similares para los agricultores, recursos que financiarán programas como precios de sustentación, seguros de cosechas y subsidios.
También está el caso de Paraguay, donde su Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció el lanzamiento de una campaña de autoabastecimiento, a través del apoyo a unas 150 mil fincas de consumo para productores de todo el país, con el fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus y sus efectos económicos y sociales, mediante una inversión de $8 millones aproximadamente.
En Argentina, por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó la creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, mismo que cuenta con un monto inicial de 30 millones de pesos para su implementación, lo equivalente a $416 millones; esto a fin de fortalecer y asistir a productores y productoras del sector inscritos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar.
Pero, vamos a lo nuestro, el gobierno costarricense ha destinado anualmente no menos de $300 millones para compra de productos agropecuarios a los agricultores. Para este año, se contempla que el gobierno destine una buena suma económica para apoyar la producción nacional, por medio de las instituciones públicas.
Un dato importante es que en el 2019, solo en el Programa Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción se pagaron ¢67.300 millones ($115 millones aproximadamente) a organizaciones de productores, que abastecen las instituciones del Estado con producción nacional del sector agropecuario y pesca.
Por su parte, el Instituto de Desarrollo Rural destinó alrededor de ¢7 mil millones en 2019, para apoyar al productor con infraestructura, semilla, valor agregado para la comercialización, entre otros insumos.
Es por eso que, en el marco de esta pandemia, la inversión estatal toma mayor importancia cuando se trata de respaldar al sector agro de cada país. Esa inversión debe velar por la alimentación de sus ciudadanos. Cada nación debe presupuestar un monto suficiente para cubrir las necesidades del sector agropecuario, en miras de alcanzar una verdadera y sustentable seguridad alimentaria, enfocada en la base productiva, con aseguramiento de mercados.
Afortunadamente en Costa Rica la seguridad alimentaria está bien desarrollada en casi todos los productos de consumo diario, a excepción del arroz, frijoles y maíz amarillo. Para este año, en el caso del frijol se espera un incremento en producción del 15% en la primera cosecha, para alcanzar un porcentaje mayor al 20% del consumo nacional. En arroz se estima que la producción nacional es de un 47% respecto al consumo y, en maíz amarillo prácticamente tenemos una producción nacional cero.
El gobierno, por medio de los diferentes programas sociales (MAG, INDER, IMAS, Fodesaf, MTSS, CNE y CNP) de atención y disminución de la pobreza sigue invirtiendo recursos para apoyo al productor nacional con el claro objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria es y seguirá siendo de suma importancia en el aseguramiento de alimentos a la población y el abastecimiento de instituciones fundamentales como hospitales, delegaciones policiales, cárceles y centros educativos, entre otros.
Por todo lo anterior, es importante tener claro que el sector agropecuario hace un frecuente monitoreo del inventario de productos, a fin de tener claro cuál es el estado de las provisiones alimenticias, para determinar el horizonte de seguridad alimentaria. Normalmente se estima que una reserva de 5 meses es suficiente para asegurarle a la población que no habrá faltante de alimentos en el país; hoy dichosamente tenemos asegurada esa reserva.
*El autor es presidente del Consejo Nacional de Producción
