Los informes sobre el denominado “Caso Barrenador” se estarán votando en el Plenario Legislativo el próximo lunes 23 de marzo.
Así fue informado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, quién precisó que la discusión de esos informes ocupará el primer lugar de los asuntos de la agenda legislativa y los diputados tendrán hasta las 19:00 horas para someterlos a votación.
El informe asegura que el caso penal habría sido provocado por una manipulación de datos técnicos gestada por mandos medios de dicha institución.
El informe fue suscrito por un bloque de cuatro legisladores representantes del PUSC, Nueva República, el oficialismo y el diputado independiente Luis Diego Vargas.
Según el análisis de este grupo, la licitación N°2023LY-0000002-0001101142 a las cooperativas se ejecutó bajo estrictos parámetros de razonabilidad técnica y legal, desvirtuando la tesis de un perjuicio económico para el Estado.
“En abril del 2024, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja emite un documento denominado “Estudio de Razonabilidad de Precios”, en el que se utilizó una metodología manipulada y basada en hechos falsos.
Se declara ahí que todos los precios de todas las ofertas son excesivos. Ya en el pasado, la Caja ha sido condenada en los Tribunales por actuaciones erróneas de la misma jefa del Área de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado, condenas en que la institución ha tenido que pagar más de ¢1.500 millones en indemnizaciones”, sostiene el documento.
Según el documento, todos esos cambios se hicieron para aparentar “sobreprecios” inexistentes que fundamentan el caso judicial conocido como “Barrenador”.
“El área de Contabilidad de Costos no consideró los descuentos del 11,77% y 17,66% ofrecidos en las ofertas originales. Todos los montos adjudicados son inferiores a la reserva presupuestaria institucional, con ahorros que oscilan entre el 13,20% y el 52%”, agrega.
El análisis técnico, documental y comparativo efectuado realizado por las diputaciones concluye que la controversia pública generada sobre supuestos sobreprecios en la adjudicación del procedimiento de contratación “no tuvo su origen principal en la comprobación técnica consolidada de un daño patrimonial institucional, sino en inconsistencias en la generación, interpretación, validación y custodia de los estudios financieros utilizados por la Gerencia Financiera, particularmente por la Unidad de Contabilidad de Costos de la CCSS”.
Agrega que “la revisión exhaustiva de los estudios de razonabilidad de precios emitidos por la Unidad de Costos, evidencia que las divergencias detectadas respondieron principalmente a inconsistencias metodológicas, utilización de supuestos incompletos, omisiones de partidas, diferencias en las variables utilizadas y ausencia de validación previa en los análisis iniciales”.
Incluso, detalla que, de la evidencia examinada se desprende que “una revisión técnica integral y oportunamente contrastada de los insumos financieros habría permitido identificar dichas inconsistencias desde etapas tempranas, evitando interpretaciones erróneas sobre la razonabilidad de las ofertas y previniendo el conflicto institucional, judicial y mediático que posteriormente se produjo”.
Debilidades
El caso demuestra que la principal debilidad institucional no radicó en la estructura de precios ofertados, sino en la fragilidad de los procedimientos institucionales de elaboración, control, validación y custodia de la información técnica sensible.
“ Los costos de personal de las cooperativas suelen ser entre un 3% y un 60% menores a los salarios institucionales de la CCSS y se determinó que las ofertas para las áreas de Escazú (Coopesain), Pavas (Coopesalud), Santa Ana (Coopesana), Tibás (Coopesain), Desamparados (Coopesalud), San Francisco (Coopesana), San Sebastián (Coopesain), San Pablo (Coopesiba) y Barva (Coopesiba) presentan precios razonables”, explican.
Otro punto que es abordado por el informe legislativo es que, a lo interno de la Caja, no existían protocolos suficientemente robustos para asegurar “unicidad documental, control de versiones, trazabilidad técnica completa y validación cruzada obligatoria”.
Todo eso permitió que mandos medios de la CCSS hicieran análisis con inconsistencias, los cuales fueron utilizados como base para decisiones administrativas, denuncias públicas y sostener artificialmente el “Caso Barrenador”.
Estudio de costos inválido
Asimismo, el estudio de costos que derivó en el Caso Barrenador se realizó con base en el presupuesto detallado y no general de ofertas, contrario a la Ley de Contratación Pública; hecho que fue reafirmado en oficio DCP-0250 de la CGR, por lo que constituye un estudio que no es válido para determinar sobrecostos.
En este sentido, el denominado Caso Barrenador constituye, según los diputados, un ejemplo de que la “debilidad en la gestión institucional de la información puede generar crisis administrativas, judiciales y reputacionales de gran magnitud aún sin haberse comprobado o acreditado técnicamente un perjuicio económico consolidado”.
A todo ello se suma un problema de gobernanza institucional a lo interno de la Caja.
¿Y las cooperativas?
Quizá el elemento más significativo que termina desmontando la tesis estructural del caso es el tratamiento que el propio informe da al modelo cooperativo en la prestación de servicios de salud.
En vez de presentar al cooperativismo como parte del problema estructural, el documento reconoce expresamente que las cooperativas han desempeñado un papel relevante en la ampliación de cobertura del primer nivel de atención.
“(Las cooperativas) aumentaron su jornada de trabajo en pro de la ciudadanía y en diez años, aumentarían 2 millones de horas de servicio adicionales, han practicado 42.763 procedimientos de cirugía mayor ambulatoria y cuentan con una infraestructura de 16.107 metros cuadrados en perfecto estado al servicio de los asegurados”, sentencia.
El texto pasará a manos del Plenario Legislativo para su análisis y posterior votación.
