Diego Arce.- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rechaza el plan de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para imponer más tributos a cooperativas y solidaristas.
La entidad respondió así a la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa, tras ser consultado por el trámite del expediente 22.369.
El proyecto se cuenta entre las iniciativas de ley que el Ejecutivo impulsa como parte de los compromisos a los que se amarró (sin que se lo pidieran) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para conseguir un crédito por $1780 millones que se discute en el Congreso.
“En vez de aumentar impuestos, se requiere una mejor gestión de recaudación de la masa impositiva actual, sin tener que recurrir a aumentos eventuales y contraproducentes al
mediano y largo plazo, demostrando una gestión impositiva racional y operativa”, manifestó Guillermo Alan Alvarado, director de la División Jurídica del ICE en la nota enviada a la comisión.
Otro de los aspectos compartidos por Alan Alvarado, fue que si se pasa todos los rubros de la renta al 5%, de inicio de dará una oxigenación financiera, con ello se presenta a futuro una disminución de la participación de empresas extranjeras en nuestro régimen de contratación por servicios desde el exterior.
El director de la División Jurídica señaló que el proyecto de ley implica un incremento en los costos operativos de la institución, al existir mayores tasas impositivas donde los proveedores pueden tomar decisiones de incrementar los precios de negociaciones con el ICE.
Por ejemplo, el ICE comúnmente adquiere servicios, como capacitación, instalación, compra de boletos, entre otros, compra de bienes y equipos, software “on line”, los cuales se verían afectados por este incremento en los porcentajes de retención de este impuesto.
GOLPE A LOS EMPLEADOS
Respecto al tema salarial y a la eliminación de la no sujeción de aplicación del impuesto de renta al salario escolar, manifestó que existirá una afectación a los intereses económicos de los empleados del Grupo ICE, ya que sus ingresos se verán disminuidos por el pago de este impuesto.
“Su capacidad adquisitiva para materiales educativos para sus hijos u otros gastos, podría acrecentar los niveles de endeudamiento, no solo de los empleados del ICE sino de todos aquellos que reciban este pago extraordinario”.
Finalizó sus conclusiones argumentando, que según la obligatoriedad a la que aluden los citados artículos que propone el presente proyecto de ley, no resultan viables en la nueva realidad del ICE.
