El Poder Ejecutivo presiona a los diputados con una serie de proyectos de ley que contemplan nuevos gravámenes y afectaciones para el movimiento cooperativo costarricense.
A pesar de que la Asamblea Legislativa se ha visto frenada debido al incremento de casos Covid-19, el pasado 1° de mayo, el Ejecutivo presentó a corriente una convocatoria de 50 proyectos de ley que contemplan nuevos impuestos para los sectores productivos del país.
Entre ellas están la Ley de Empleo Público, el proyecto de renta global y el empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.778 millones.
En el caso de renta global, afectaría de forma directa a las empresas cooperativas, puesto que se estandarizarían las tasas tributarias y, además, se incorporarían todas las rentas del contribuyente, independientemente de su origen (trabajo, capital o actividad empresarial, incluidas cooperativas).
Por otra parte, se impulsa el expediente 22.369 que reduce los beneficios fiscales en rentas de capital. Igualmente, el Ejecutivo pretende el avance del proyecto 22.384, el cual plantea que las empresas del Estado aporten ‘solidariamente’ al fisco hasta el treinta por ciento (30%) de sus utilidades disponibles, después del pago de impuestos y cargas fiscales o parafiscales.
Dicha situación tocaría las finanzas de los bancos estatales, los cuales aportan hasta un 10% de sus excedentes al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). Cabe señalar que, en el caso de este proyecto, fue consultado a distintas instituciones del Estado, sector privado (Uccaep y Asociación Bancaria Costarricense-ABC), sin embargo, no se tomó criterio de los órganos cooperativos.
“Confiamos en que podamos trabajar con la Asamblea Legislativa para concretar estos proyectos de ley que son trascendentales y a la vez construir una agenda más amplia, siempre con una escucha activa, que nos permita atender las necesidades de los territorios y los sectores más afectados a consecuencia de la pandemia”, detalló la jerarca de la Presidencia, Geannina Dinarte.
