Redacción (San José, 07 de marzo, 2022).- A pesar del daño ambiental y el impacto de la minería ilegal en Corcovado y Crucitas, el Poder Ejecutivo insiste en poner más obstáculos a la ya regulada actividad minera de Abangares, ahora con un nuevo proyecto de ley par incluir nuevas regulaciones ambientales.
El Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de ley para regular la actividad minera en el cantón de Abangares, presentado el viernes 5 de marzo. En Casa Presidencial insisten en que el mismo es parte del “compromiso del Gobierno para ayudar a formalizar la actividad y así beneficiar a los pequeños mineros”.
A pesar de que el Congreso recién aprobó en segundo debate una ley para normalizar la actividad, el expediente legislativo N° 22.934 incluye una serie de nuevas regulaciones internacionales impulsadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través de sus dependencias, Dirección de Geología y Minas, Secretaría Técnica Nacional Ambiental y DIGECA, para presentar una robusta propuesta para la regulación de la actividad artesanal.
“La presentación de esta iniciativa se suma al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con los oreros de la zona el 14 de setiembre de 2020. Además, se complementa con el proyecto de ley N° 21.229 -solicitado por los mineros- el cual recientemente fue aprobado en segundo debate y que permite el fortalecimiento de la actividad minera artesanal de Abangares”, señaló el Gobierno en un comunicado.
La afectación con nuevas regulaciones podría dañar de nuevo la economía abangareña, donde la principal fuente de ingreso proviene de la extracción artesanal del oro.
No obstante, según el Ejecutivo, el plan de ley se ideó en conjunto con sus comunidades y con el apoyo de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (UNCADA), un plan para la formalización de esta actividad.
La nueva norma abriría un portillo para regular la actividad minera de privados, afectando la exclusividad con la que cuentan las cooperativas para operar la minería artesanal por ley.
Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía señaló que “este proyecto de Ley permite brindar una solución integral a la informalidad de la minería artesanal en Costa Rica que ha estado pendiente por muchos años. Integra a la institucionalidad competente en la materia, de forma tal que delimita un proceso ordenado y coordinado para la obtención de los permisos requeridos para operar, considerando aspectos de salud humana, impacto ambiental y recurso natural explotado, así como su comercialización, exportación y trazabilidad.”
“Con este proyecto de ley se garantiza un abordaje integral que permite contemplar todo el ciclo del proceso, desde la exploración o explotación, hasta la comercialización y/o exportación”, agregó el Ejecutivo.
El Ejecutivo busca “asegurar que cumpla con los requerimientos mínimos contenidos en convenciones internacionales”.
Asimismo, “un comercio y exportación responsable, sistema de control de suministros (trazabilidad), procedencia de materiales, rutas de transporte, datos de transacciones realizadas, y cumplimiento de lo indicado en la Convención de MINAMATA (en cuanto al plan de acción y el uso responsable del mercurio), forman parte de este proyecto”, según refiere el Viceministro de Presidencia, Randall Otárola.
Otárola agregó “que este proyecto viene a complementar de una manera integral los diferentes esfuerzos que hemos venido desplegando como instituciones en Abangares por el tema de la minería artesanal. Indudablemente viene a resolver las necesidades estructurales e integrales que tienen estas actividades a nivel social y económico en el país. Es así como también se favorece ampliamente, con un régimen hecho a la medida, a la comunidad de Tempisque donde hay areneros que extraen de forma artesanal”.
Con este proyecto principalmente se reduce los impactos sociales y ambientales, brindando una opción de formalización de una actividad económica existente, detalló Ulises Álvarez Acosta, Director General de SETENA. Explicó, además, que en cuanto a la viabilidad ambiental requerida para operar, se establece una evaluación para actividades nuevas considerando que la extracción es artesanal, con lo cual los requisitos son hechos a la medida de la actividad; y para las ya existentes, permite formalizarse mediante un instrumento de gestión ambiental minero correctivo.
Por su lado, Ileana Boschini, Directora de la Dirección de Geología y Minas explicó que con los cambios planteados, se pueden brindar concesiones bajo un esquema regulado a quienes ya extraen en la zona, permitiendo un mayor control y seguridad de las operaciones.
Por último, Shirley Soto, Directora de DIGECA se mostró complacida ante la propuesta “por cuanto nos acerca a los cumplimientos que a nivel internacional deben darse en cuanto al manejo de mercurio estipulados en el Convenio de Minamata”, en cuanto al no uso del mercurio para la extracción.
