En la sesión de este lunes de Corte Plena, los magistrados acordaron ordenar que se revisen las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las direcciones para buscar redirigir recursos que se puedan utilizar en fortalecer la seguridad de las instalaciones por el bien de los usuarios, así como de los funcionarios.
Especialmente de las más peligrosas, esto tras el asesinado del Sub Jefe del OIJ de Pococí, Geiner Zamora.
“Para el Poder Judicial, la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo de este lunes refleja el compromiso de todo el Poder Judicial y la unión hacia un mismo objetivo”, afirmó el magistrado presidente Orlando Aguirre.
Junto a esta medida se valora la declaratoria de “Estado de Urgencia y Necesidad” en el Poder Judicial con el fin de utilizar fondos adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José.
Para ello deberán enviar una consulta a la Contraloría General de la República (CGR) que permita determinar si se puede o no hacer esta declaratoria.
Además recordaron que ya para este año se destinaron ₡2.400 millones para el plan del fortalecimiento de la seguridad que incluye instalación de equipos tecnológicos para seguridad, actualización de protocolos para atender situaciones de peligro así como capacitaciones.
