Aarón Chinchilla. – De forma unánime, el Directorio del Conacoop, acordó solicitar al Gobierno de la República excluir a las cooperativas de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eonómico (OCDE) para gravar con renta a las organizaciones cooperativas.
El acuerdo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) señala que la solicitud de OCDE contraviene la jurisprudencia costarricense y las normas constitucionales que protegen al movimiento cooperativo.
Para Conacoop, gravar con el impuesto de renta a las cooperativas es completamente ilegal.
“Un impuesto sobre la renta es claramente improcedente, porque las cooperativas no tienen fin de lucro, es decir, no acumulan riqueza, mientras que las personas cooperativistas sí deben cancelar el impuesto sobre la renta del 10% sobre los excedentes en efectivo que se les devuelva”, opinó el presidente del Conacoop, Geovanny Villalobos.
Además, el secretario ejecutivo de este órgano, Luis Corella, afirmó que un impuesto nuevo sobre renta iría en vía contraria a lo que establece la Constitución Política en su artículo 64, donde se ordena al Estado a estimular la creación de cooperativas y además desconoce el trato que promueve la ley 4179, reconocida por la Sala Constitucional.
Un error estratégico
Para el Conacoop atacar al Movimiento Cooperativo en la coyuntura del Covid-19 es además de un error estratégico, un salto al vacío, pues este sector ha sido fundamental en el mantenimiento y fomento de las actividades económico-sociales durante la crisis por pandemia.
Actualmente, el cooperativismo costarricense integra a más de un millón de asociados y asociadas, (21% de la población nacional), que con sus ahorros contribuyen a la sostenibilidad económica en distintas zonas del país.
Asimismo, genera aproximadamente 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos; produce el 36.5% del café, el 16.4% de la caña de azúcar del país y el 90% de la producción total de leche del país.
“En servicios de salud son más de 500 mil personas las que son atendidas por cooperativas; lo mismo que en los sectores de transporte público, electricidad y turismo”, detalló Corella.
En la generación de políticas públicas, el 11% del total de los ingresos generados por las cooperativas se invierten en educación, obras públicas y servicios.
