El denominado “Caso Barrenador, lejos de responder a un esquema clásico de corrupción administrativa, es presentado por las cooperativas de salud como un caso de corrupción institucional, donde los verdaderos responsables no son las personas hoy investigadas por la Fiscalía, sino funcionarios técnicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Contraloría General de la República, que habrían manipulado información para deslegitimar procesos de contratación legalmente adjudicados.
La investigación gira en torno a contratos otorgados por la CCSS a cuatro cooperativas para la administración de Ebáis, un modelo que opera desde hace más de 35 años y que, de acuerdo con múltiples evaluaciones técnicas, presta servicios a menor costo y con mejores indicadores de desempeño que los Ebáis administrados directamente por la institución con personal sindicalizado.
No obstante, este modelo ha sido históricamente resistido por sectores sindicales que consideran que la administración cooperativa debilita su influencia dentro de la Caja.
El punto de quiebre: un estudio técnico alterado
Según las cooperativas, en abril de 2024, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) realizó un “Estudio de Razonabilidad de Precios”.
En dicho documento, sustentaban que las cooperativas de salud cobraban de más, cuando en realidad ofrecían precios más bajos.
Con base en ello, se realizó una diligencia judicial que posteriormente se denominó “Caso Barrenador”.
Sin embargo, el informe forense emitido por el perito Luis Fernando Gonzalez Rojas evidencia que el documento de la Caja estaba lleno de errores aritméticos y metodológicos.
Así, cuando el costo ofrecido por la cooperativa era menor, la CCSS ponía el resultado en “cero” en lugar de mostrar la diferencia negativa; Es decir, se “borraron” los datos que mostraban ahorros.
Además, se eliminaban todos los datos que podían mostrar que el contrato beneficiaba económicamente a la institución.
Por otra parte, se usaron categorías arbitrarias sin explicación. El informe de la Caja hablaba de “diferencias mayores” y “diferencias menores”, pero nunca explicó qué significaban ni cuál era el criterio numérico para definirlas.
En algunos casos, una diferencia de ₡194.000 se consideró “mayor” (en contra de la cooperativa), pero otra de ₡990.000 a favor no fue considerada “mayor”. Así, no existía ningún fundamento técnico ni legal para aplicar esos límites.
Otro punto que evidencia el Informe Forense es que el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS usó datos desactualizados generando distorsión en los resultados y hacía parecer que las cooperativas cobraban más de lo que realmente correspondía.
En los cuadros comparativos, la Caja ponía diferencias de “₡0,00” entre los salarios de la CCSS y los ofrecidos por las cooperativas, cuando sí existían diferencias.
A manera de ejemplo, el salario de un médico general en la CCSS era de ₡2.590.473, mientras que los de Coopesalud eran de ₡2.369.666. La diferencia ofrecida por la cooperativa era de ₡220.807, sin embargo, la CCSS registró esa diferencia como ₡0,00, ocultando el ahorro.
Solo con ese puesto, el error significaba ₡26,4 millones de ahorro en 10 años que nunca se reflejó.
Este tipo de error se repite en múltiples cuadros comparativos, generando una impresión falsa de que las cooperativas cobraban precios equivalentes o superiores, cuando en realidad ofrecían servicios más baratos.
De acuerdo con el perito, esta práctica fue “una alteración deliberada del resultado”, que ocultó el impacto económico favorable de las ofertas. El efecto acumulado de esos errores habría significado que la CCSS perdiera de vista ahorros potenciales por más de ₡18.000 millones durante la vigencia total del contrato.
Es decir, esos cambios, calificados como ilegales por las cooperativas, permitieron fabricar artificialmente la apariencia de sobreprecios, pese a que el costo total de los contratos seguía siendo considerablemente menor para la institución.
Además, el Área de Contabilidad dijo haber aplicado un “Manual de procedimientos administrativos para la elaboración de estudios de razonabilidad de precios”.
Sin embargo, ese manual, no tenía firma de aprobación, ni tenía fecha oficial de emisión. Tampoco estaba respaldado por ninguna instancia superior y además, ya había sido derogado por la nueva Ley de Contratación Pública (Ley 9986).
En otras palabras, usaron un documento sin validez legal para justificar sus decisiones.
A todo lo anterior, se suma que el Área de Contabilidad aplicó su propio método, sin respaldo normativo ni autorización de la Gerencia Financiera de la CCSS o de la Contraloría General de la República (CGR).
Todos esos errores hicieron que la CCSS presentara cifras falsas o distorsionadas ante la Junta Directiva y los entes de control.
Explicado con arroz y frijoles
Las cooperativas explican la situación con un ejemplo cotidiano: un casado compuesto por arroz, frijoles y carne.
Mientras la CCSS podría producir ese plato a un costo total de ¢3.500, las cooperativas lo ofrecían por ¢2.000. Aunque uno de los ingredientes —el arroz— fuera ligeramente más barato en la “cocina” de la Caja, el costo global del plato cooperativo seguía siendo ¢1.500 más barato.
Pese a ello, los funcionarios cuestionados exigieron que cada ingrediente individual fuera más barato que el de la Caja, ignorando el criterio del precio total, que es el que determina el ahorro real para los asegurados.
Contradicción con el criterio de la Contraloría
Este proceder contradice resoluciones reiteradas de la Contraloría General de la República, que establecen que la razonabilidad de un precio debe evaluarse con base en el monto total del contrato, y no en el análisis fragmentado de sus componentes.
Cuando la Junta Directiva de la CCSS detectó la manipulación, ordenó la elaboración de un nuevo estudio técnico comparativo. El Área de Contabilidad de Costos se negó a realizarlo, lo que obligó a los directivos a encargar el análisis a otra instancia técnica de la institución.
El resultado fue concluyente: los precios totales ofertados por las cooperativas eran sustancialmente más bajos que los costos internos de la CCSS, razón por la cual los contratos fueron finalmente adjudicados.
De la molestia sindical a la judicialización del conflicto
Tras la adjudicación, sectores sindicales presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría, alegando supuestos sobreprecios.
Según las cooperativas, estas denuncias carecían de sustento técnico y se basaron en la información previamente manipulada.
La Fiscalía abrió el caso Barrenador apoyándose en una nota técnica elaborada por cuatro funcionarios de la Contraloría, entre ellos dos gerentes de área. Un documento que, según se denuncia, fue confeccionado en apenas siete días, cuando estudios de esta naturaleza suelen tardar entre seis meses y un año, y sin una revisión exhaustiva del expediente.
Dicha nota validó el estudio alterado del Área de Costos de la CCSS, pese a que este contradecía resoluciones previas de la propia Contraloría.
Con base en estos insumos, la Fiscalía ejecutó allanamientos y detenciones, en acciones que recibieron amplia cobertura mediática y que —según las cooperativas— afectaron gravemente la percepción pública del modelo cooperativo de salud, provocando además la paralización de contratos ya adjudicados.
Mientras tanto, las denuncias presentadas contra los funcionarios de la CCSS que habrían manipulado los estudios no fueron tramitadas por la Fiscalía, obligando a las cooperativas a recurrir a querellas privadas.
Situación similar ocurrió con los funcionarios de la Contraloría señalados: la jerarca de esa institución se negó a investigarlos internamente, lo que llevó a las cooperativas a acudir directamente a los tribunales de justicia.
Análisis forenses
Las cooperativas aseguran haber aportado análisis forenses independientes que identifican manipulaciones básicas en operaciones aritméticas, como sumas y restas, utilizadas para ocultar los ahorros reales que los contratos representarían para la CCSS y para los asegurados.
Ante este escenario, exigen a las autoridades que se ejecuten de inmediato los contratos adjudicados, argumentando que su implementación permitiría ahorros millonarios, mejoras sustanciales en la calidad del servicio y una gestión más eficiente de los recursos públicos.
“Defender la eficiencia y el ahorro no es debilitar a la Caja”, sostienen, “sino fortalecerla en beneficio de todos los costarricenses”.
