Diego Arce. – Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa manifestaron su oposición al proyecto de ley 22.369, impulsado por el Gobierno y que pretende crear nuevos impuestos a sectores sociales, incluido al cooperativismo.
Luego de escuchar a los representantes de sector cooperativo de autogestión, diputados que conforman la Comisión de Asuntos Jurídicos expresaron su preocupación por lo establecido en el expediente Nº 22369 denominado Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal.
La iniciativa modifica las tarifas del impuesto de remesas al exterior, donde se pretende aumentar en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por remesas al exterior. Esto por cuanto constituyen rentas de fuente costarricense por servicios y otros conceptos que se reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica.
Se propone una homologación de las rentas del capital a la tarifa general del 15% y adicionalmente, se establecerá un incremento transitorio de 1,5 puntos porcentuales por dos períodos.
Además, se elimina en un 50% la exoneración sobre los rendimientos del sistema de pensiones complementarias establecido en la Ley N º 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.
Se plantea la eliminación de la no sujeción del salario escolar. Se aplica sobre el impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales, con lo cual se mejora la solidaridad y progresividad a la vez que se mantiene más del 70% de los salarios, incluyendo el escolar, libre de gravamen dada la base exenta del impuesto.
La diputada de Liberación Nacional (PLN) Franggi Nicolás aseguró estar en contra de la iniciativa por el impacto que podría tener en el sector cooperativo, debido a que este modelo viene a ayudar a reactivar la economía.
En la misma línea, el legislador José María Villalta comentó que en una crisis fiscal todos deberían aportar, pero el proyecto impulsado por el Ejecutivo pide un aumento en las sociedades mercantiles de un incremento de 1.5 por ciento, pero los excedentes de las cooperativas subirían a un 15 por ciento.
‘El Gobierno le está pidiendo un sacrificio mayor a los ahorrantes, que a las empresas’, mencionó.
Las manifestaciones de los legisladores se dan luego de recibir a Adrián Rodríguez Arias, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDEAC), el cual mencionó que la propuesta establece un incremento en el impuesto de los ahorros a plazo.
‘Con este proyecto de ley se elimina que los ahorros puedan tener una taza diferenciada por no ser bursátiles y eleva el impuesto de un 7 a un 15 por ciento en el ahorro a plazo. Si incrementa los impuestos, no es solo un ajuste”, dijo.
Igualmente,José Eduardo Alvarado representante del sector, aseguró que el incremento del impuesto al 15 por ciento es desproporcionado.
‘Este incremento golpea principalmente a las mujeres que son las que más cuentan con ahorros programados y la mayoría no representan sumas altas de capital. La mayoría son personas que cuentan con economías de subsistencia”, indicó Alvarado.
Con este proyecto se aumenta en 19 mil millones de colones la taza que deberán pagar los cooperativistas.
El plan del Gobierno con el FMI 22.369 afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, así lo han manifestado diversos sectores que alegan que no es justo cargar más crisis sobre la espalda de los sectores productores.
