Uccaep exige a diputados que no haya excepciones en Ley de Empleo Público

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Segunda sesión de trabajo Diálogo Multisectorial, Estadio Nacional, San José. 28 Octubre 2020. Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto

La Uccaep llamó a los diputados que no permitan excepciones en la Ley de Empleo Público, y recordó a los legisladores que este plan de ley debe aprobarse para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta fue la reacción de esta mañana a una moción que devolvió cierta autonomía funcional a las universidades públicas esta semana y que se suma a la salida de las municipalidades de la norma que se discute a golpe de tambor en la Asamblea, como parte de los compromisos que empeñó el Poder Ejecutivo para acceder a fondos del FMI.

Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) la moción aprobada que introduce una excepción “solapada” para los funcionarios de las universidades públicas es contradictoria con respecto a la generalidad del salario global que habría de aprobarse para todos los servidores públicos”.

La Ley de Empleo Público se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, como una prioridad del gobierno de Carlos Alvarado sin embargo, tanto ha ido y venido en la discusión de más de 400 mociones que tiene el plan de ley, que ya empieza a enredarse, al tiempo que su potabilidad política se empieza a contaminar.

En este punto, los empresarios presionan directamente al exjefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, quien lidera el empuje del proyecto de ley a lo interno de la Asamblea.

“Como sector productivo manifestamos, además, nuestra seria preocupación ya que no se observa un liderazgo claro desde el Gobierno y la fracción del Partido Acción Ciudadana para que este proyecto se blinde y sea aprobado de la mejor forma en el Plenario”, apuntaron los empresarios.

Pero así como desvela a los empresarios, el plan de ley mantiene en ascuas y preocupados a los más de 350.000 funcionarios públicos que podría afectar, pues la penalización de las huelgas, sumado a la pandemia, han desinflado toda la presión social para balancear el proyecto de ley que de acuerdo con la agenda de Alvarado, debería estar votado y ser ley antes de junio.

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