Aarón Chinchilla. – La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para que los nombramientos de juntas directivas y otros órganos en las organizaciones civiles que vencían en el año 2021 sean extendidos de manera automática al año 2022
El proyecto, tramitado bajo expediente N.° 22.272 presentado por el diputado independiente Erick Rodríguez Steller, reformaría la Ley N.° 9866, a fin que se extiendan hasta por un año adicional los nombramientos que concluyan a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese periodo.
El proyecto incluye a los consejos de administración, delegados a la asamblea general, los comités de vigilancia, educación, bienestar social y cualquier otro comité establecido en los artículos 138 a 141 de la ley 4179 de asociaciones cooperativas.
Otros órganos a los cuales se les estarían ampliando la ampliación en los puestos serían las juntas directivas constituidas por la ley reguladora de la propiedad y condominios, directivas, nombramientos de los tribunales electorales, sociedades mercantiles y el directorio nacional y cualquier otro órgano de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, entre otros.
De acuerdo con Rodríguez Steller, la prórroga ‘daría un espacio importante para dedicar los costos de la asamblea, a mitigar necesidades básicas de los asociados, principalmente aquellos que han sido más afectados por la actual crisis económica’.
‘No se espera que la pandemia covid-19 tenga solución médica (vacuna) antes del primer semestre del 2021 y si bien la opción de una asamblea virtual puede resolver el problema, para organizaciones con cantidades de afiliación alta, puede no ser una solución viable, por el riesgo de no lograr una comunicación efectiva; como lo establece el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)’, explicó el legislador en el proyecto.
Este proyecto vendría a ser una ampliación del proyecto 21.933 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y posteriormente fue sancionada por el Poder Ejecutivo.
