Aarón Chinchilla. -Distintas organizaciones sociales y comunales anunciaron un ‘frente común’ en contra de la negociación que sostiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuevos impuestos y ‘ataques a la clase trabajadora’.
A través de un manifiesto, representantes gremiales, cooperativistas y comunalistas señalaron que Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional, sino que, ‘existen múltiples alternativas’ para afrontas la crisis económica que vive el país.
‘Vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional’, detallan.
De acuerdo con el colectivo, ‘las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior’.
‘La naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal”, cita el manifiesto.
Adicionalmente, las organizaciones manifestaron su oposición a impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado, entre ellos la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
Peticiones. Además de mostrar su disconformidad con las políticas planteadas por el Gobierno, las organizaciones sociales instaron al Ejecutivo a aprobar condonación de deudas del sector agricola, apoyar programas de soberanía alimentaria, trasladar recursos al movimiento comunal para que desarrolle proyectos e incentivar la micro y mediana empresa.
Del mismo modo, plantean la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.
El documento fue firmado por miembros el Rescate Nacional, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la Asociación Sindical de Empleados industriales de las comunicaciones y la energía (ASDEICE), la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), el sindicato del BCR, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco) y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
