Bach. Emmanuel C. Prado – Politólogo, asesor y consultor.
A un mes exacto de que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles haya arrancado, enfrenta un momento político de apuntes y criterios multisectoriales, tras convocar en la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley N°21.182, que pretende instaurar las Jornadas Laborales semanales de cuatro días de trabajo y tres de descanso.
Justamente, en conferencia de prensa desde casa presidencial, el gobierno otorgará 15 días para “socializar el proyecto”. Durante este plazo de negociaciones, el proyecto estará en pausa en el congreso.
No obstante, como establece la legislación, el proyecto cuenta con bastante criterio de parte de muchas instituciones del país, por ejemplo, el INAMU, Universidad de Costa Rica, Ministerio de Trabajo; y organizaciones que velan por los derechos de las personas trabajadoras: ANEP.
Fuera de los sectores sociales-institucionales, en la Asamblea Legislativa, el proyecto se evidencia con buen ambiente para su aprobación, ya que todo el bloque de oposición incluyendo al oficialista, apoyan el proyecto. Solamente el Frente Amplio, se opone al proyecto.
Revisando de manera aguda el proyecto, es importante destacar que como lo estipula nuestro Código de Trabajo, las jornadas laborales de nuestro país están estipuladas para un máximo de 48 horas semanales, con 8 horas diurnas y 36 horas semanales con 6 horas nocturnas diarias.
Este proyecto ampliaría ambas jornadas, pasando de 8 horas a 12 horas o de 6 horas a 7 horas diarias, respectivamente. Además, crearía una visión de jornada anualizada, que permitiría fijar de manera anual, en distintos tipos de jornadas tanto diurnas, mixtas y nocturnas, el acomodo de su trabajo según la naturaleza productiva de su sector.
El proyecto de ley lo que pretende es regular las jornadas de 12 horas diarias, para que la repartición en días de trabajo, se transforme a cuatro días trabajados, y tres de descanso.
El sector empresarial, particularmente las cámaras han manifestado que ven con interés el proyecto pero que esperan que se afinen algunos detalles, como que solamente cubra al sector privado y no al público, cómo detalló Álvaro Jenkins de la UCCAEP.
Algunas otras voces como la de la Universidad de Costa Rica, anuncia que se posicionan en contra del proyecto ya que es un proyecto enfocado en el trabajo y no en la persona, y que es regresivo en materia de derechos humanos. Asimismo, señaló un objeto muy importante y es que de aprobarse, multiplicaría las labores de la Dirección Nacional de Inspección General del Trabajo, pero que el proyecto no indica cómo se fortalecerían con recursos humanos este departamento.
La bancada que ha mostrado principal oposición al proyecto es la del Frente Amplio, ya que su jefe de fracción ha señalado que esta iniciativa pretende no pagar las horas extra, y que agravaría la calidad de vida de las personas trabajadoras, principalmente aquellas que tienen situaciones particulares de cuido, puntualmente las mujeres.
Dentro de esta misma agrupación política, la diputada Sofía Guillén sostuvo un acalorado debate con la abogada Paola Gutiérrez, que se transmitió en Canal 7, e insistió la frenteamplista en que este proyecto no crea más empleos, y que le demostrara particularmente que sí.
El componente de los empleos, es el que parece predominar como argumento entre las personas que apoyan el proyecto, ya que no se ha mostrado ningún estudio realmente serio que compruebe la efectividad en la generación de mayores puestos de trabajo. Contrario a los países de avanzada en el mundo, donde se está implementando una reducción de las jornadas laborales a 40 horas semanales e incluso menos. Nuestro país persiste en sostener la misma carga semanal.
El proyecto que está en corriente legislativa, debe de valorar cómo hará para respetar el artículo 58 constitucional, que es el que resguarda la conquista social de 8 horas laborales diarias. Este mismo articulado contiene un enunciado final que crea la figura de “casos muy calificados” que son los que pueden determinarse a partir de la ley, para jornadas más extenuantes como los de 12 horas, como pretende el proyecto.
En síntesis, la iniciativa de ley podría mejorar sustancialmente y significar un avance significativo para los derechos de las personas trabajadoras, sí y solo sí incluyera las siguientes modificaciones:
- Especificación de “los casos muy calificados” y que dicha denominación no se convierta en la norma. Puesto que posteriormente en Sala Constitucional, una revisión podría significar la caída del proyecto.
- Reducción de las jornadas laborales semanales en el país, de 8 a 6 horas diarias (proporcionalmente en horario nocturno también). Y aclaración de tope máximo de 40 horas semanales.
- Fortalecimiento de toda gestión de inspección laboral en el país, para garantizar el cumplimiento de la normativa. Así como todo abordaje institucional que asiste a personas que se encargan de cuido de hogares y/u otras personas.
- Que el Consejo de Salud Ocupacional (CSO), esté facultado para destinar en qué sectores los “casos muy calificados” se pueden otorgar, puesto con comprobación de que beneficia la empleabilidad del proyecto y no afecta la calidad de vida de la persona trabajadora.
- Finalmente, que la voluntariedad del proyecto, pueda ser retirada sin ninguna clase de persecución laboral o discriminación en contra de la persona trabajadora.
Estos mecanismos pueden ser ampliados a través de la Asamblea Legislativa, ya sea por medio de un texto sustitutivo presentado por el Gobierno, o bien, por medio del proceso de mociones del Plenario. Estaremos atentos a que no se violenten los derechos humanos de todas las personas trabajadoras, y respetando el principio de la no-regresividad de los derechos.
