Aarón Chinchilla. – Los diputados aprobaron, en forma definitiva, el expediente 21.546 ‘Ley General de Contratación Pública’, el cual establece un solo régimen de compras para las instituciones del Estado.
Con el respaldo de 48 legisladores, el Plenario Legislativo dio trámite a la iniciativa que busca que todas las compras de instituciones del Estado se realicen a través de la plataforma unificada del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Dicha medida pretende maximizar la transparencia en cada una de las etapas del ciclo de contratación.
Del mismo modo, el proyecto pretende la simplificación de trámites para la gestión de las compras públicas mediante tres tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor, licitación menor y licitación reducida).
Además, se optimizaría el régimen recursivo para brindar mayor eficiencia y seguridad jurídica a los operadores.
En la misma línea, pretende que el operador jurídico, ya sea este privado, público, nacional o extranjero, cuente con mayor certeza respecto de la norma legal que resulta de la aplicación cuando se emplean fondos públicos en la contratación, brindando con ello seguridad jurídica.
La legisladora Ana Lucía Delgado Orozco, promotora de la iniciativa, considera que el proyecto es una reforma de estado que impacta el modelo institucional pues apuesta a la eficiencia, ahorro, simplificación transparencia y estandarización de los procesos de compra.
‘(Se) establece un solo régimen de contratación pública, el cual deberá realizarse a
través del sistema digital unificado, logrando maximizar la transparencia en cada una de las
etapas del ciclo de contratación’, explicó.
Por otra parte, el diputado de Restauración Nacional (PRN) Eduardo Cruickshank recordó que, desde la comisión donde se tramitó el proyecto denunció que tan solo un 3.28% de las compras públicas se le adjudican a las empresas ubicadas fuera del Área Metropolitana pues el restante lo reciben las que están en el GAM
‘La excesiva concentración de las compras dentro del Valle Central es un reflejo del modelo de desarrollo vallecentralista que se da, lo que contraviene lo establecido en la Constitución Política que obliga al Estado a procurar un mayor bienestar de los habitantes del país’, agregó
Según la Contraloría General de la República (CGR) digitalizar los procedimientos de compra de obras, bienes y servicios podría ahorrarle al Estado un 1.55% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual constituye 540 mil millones de colones.
No obstante, los resultados del diálogo multisectorial organizado por el mismo Gobierno evidenciaron que el ahorro sería de un 0,10% del PIB.
A partir de la aprobación del Congreso, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo.
