Asociación exige medidas urgentes para la seguridad de jueces en Costa Rica

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La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) ha elevado una solicitud urgente a la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, exponiendo la creciente preocupación por la seguridad de jueces y juezas en el contexto de una inseguridad nacional cada vez más palpable.

Este llamado de atención surge en un momento crítico para Costa Rica, un país reconocido por su sólida democracia y un Poder Judicial independiente, ahora enfrentando desafíos sin precedentes que amenazan su estabilidad institucional.

En los últimos siete años, diversas reformas legales, percibidas como autoritarias, han socavado significativamente la estabilidad e independencia del Poder Judicial, impactando negativamente la calidad del servicio de justicia. Desde la agresiva reforma del Régimen de Pensiones del Poder Judicial en 2017 hasta la reciente Ley Marco de Empleo Público de 2022, ACOJUD destaca una tendencia preocupante que no solo debilita la institución, sino que también complica la captación de recursos humanos calificados y afecta la administración efectiva de justicia.

La falta de recursos y estrategias internas ha llevado a una notable desprotección contra las presiones del crimen organizado y otros poderes fácticos, colocando a los profesionales de la justicia en una posición vulnerables. En respuesta a esta situación alarmante, ACOJUD exige la implementación de acciones eficientes y coordinadas para garantizar la seguridad de los jueces y juezas, enfatizando la urgencia de establecer políticas generales de seguridad a corto plazo.

Además, la asociación insta a la activación permanente de la Comisión de Seguridad Institucional, con participación activa de ACOJUD, para facilitar mejoras en la judicatura y mantener su independencia.

Este llamado a la acción se sustenta en recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que subrayan la importancia de proteger a los operadores de justicia para asegurar el acceso a la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho.

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