Por Luis Hernández Chaves. Licenciado en Derecho, máster en Administración de Empresas
Cada vez que una empresa decide dónde instalarse, lo primero que averigua no son los impuestos ni los incentivos. Pregunta si habrá electricidad suficiente, estable y a un precio competitivo. De esa respuesta depende, hoy, que llegue la inversión y, con ella, el empleo formal. Por eso me parece un error seguir tratando la reforma eléctrica como una pelea ideológica y no como lo que en realidad es: una decisión sobre el futuro del trabajo en Costa Rica.
Conviene poner cifras sobre la mesa. Según el más reciente informe de Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior, el Régimen de Zonas Francas emplea a cerca de 197.000 personas de manera directa y a más de 265.000 si se suman los empleos indirectos, con salarios promedio que casi duplican el promedio nacional y con una participación femenina del 45 %. Detrás de cada uno de esos puestos hay una familia, una cuota obrero-patronal y un aporte a la Caja. Y cuando esas mismas empresas enumeran lo que puede frenar su crecimiento en Costa Rica, el costo de la electricidad aparece invariablemente en la lista, junto con la infraestructura logística y la formación del talento humano.
Ignorar esa advertencia tiene un precio, y ese precio se paga en empleos que no se crean.
El país construyó un sistema eléctrico admirable. El ICE y las cooperativas de electrificación rural llevaron luz a comunidades que ningún privado habría atendido por simple rentabilidad. Ese logro es real y nadie serio propone borrarlo. Pero un modelo pensado hace más de siete décadas empieza a quedarle corto a un país que necesita cada vez más energía para la industria, el turismo, la electromovilidad y los nuevos centros de datos. El ICE genera alrededor del 73 % de la electricidad nacional y no puede, por sí solo, financiar toda la expansión que viene. Pedirle que cargue ese peso en solitario es condenarlo a quedarse atrás y condenar, con él, a miles de costarricenses a esperar un empleo que nunca termina de llegar.
El proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente N.° 23.414), aprobado en primer debate el 26 de mayo, con 27 votos a favor y 24 en contra, abre esa puerta. Crea un mercado mayorista donde distintos actores, públicos, privados y cooperativos, pueden generar y vender energía bajo reglas claras y con la supervisión de la ARESEP. No se trata de entregarle el sistema a nadie. Se trata de permitir que, entre más capital, más tecnología y más competencia para bajar los costos.
Esta lectura no es solo mía. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pidió expresamente a las diputaciones votar a favor del texto y fue clara en un punto que conviene subrayar en estas páginas: la propuesta no privatiza al ICE ni elimina el control público del sistema, sino que separa funciones técnicas y operativas, promueve competencia regulada y fortalece la transparencia. La Uccaep advirtió, además, que Costa Rica no puede frenar su crecimiento por falta de energía ni por resistencia a modernizar el sistema, y sostuvo que buena parte de la desinformación que circula alrededor del proyecto carece de sustento.
En el mismo sentido se pronunciaron la Cámara de Comercio de Costa Rica, Crecex, Cadexco y Cacia. Para Crecex, la energía debe convertirse en una plataforma para la productividad y no en una barrera para el crecimiento, sobre todo en manufactura avanzada, cadenas de frío y servicios tecnológicos: precisamente los sectores que hoy contratan y que mejor pagan.
Quiero detenerme en un punto que a menudo se ignora y que importa a quienes leen este periódico. La reforma no deja afuera al movimiento cooperativo: lo habilita de manera expresa como agente del mercado. Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca, Coopealfaroruiz y las demás cooperativas que electrificaron el campo costarricense podrán competir, crecer y colocar su producción en igualdad de condiciones. Y crecer, para una cooperativa, no significa lo mismo que para una sociedad anónima: significa más plazas en el cantón donde está asentada, más contratación local y más excedentes que se quedan en el territorio en lugar de salir de él. Para el sector que demostró, mucho antes que nadie, que se puede dar servicio con sentido social y con eficiencia, esto es una oportunidad y no una amenaza.
Entiendo la preocupación por las tarifas y por la universalidad del servicio. Es legítima y hay que vigilarla de cerca. Precisamente por eso el texto conserva la regulación estatal, obliga a garantizar el abastecimiento nacional antes de cualquier exportación y sanciona la especulación.
Modernizar no significa desproteger; significa darle al país herramientas para crecer sin renunciar a su modelo solidario.
Lo que está en juego es muy concreto. En provincias como Puntarenas, donde la falta de energía firme frena proyectos de turismo, pesca, agroindustria y logística, cada megavatio nuevo es empleo que se queda o que se marcha. Una cadena de frío que no se instala son decenas de puestos que no existen; una zona franca que se descarta son cientos. Y conviene recordar un dato que rara vez se menciona: de ese 45 % de empleo femenino, un 37 % se genera fuera del Gran Área Metropolitana. Cuando hablamos de energía firme en la costa, hablamos de mujeres que hoy deben migrar al Valle Central para encontrar un salario formal.
Sin electricidad confiable no hay zonas francas, no hay inversión y no hay trabajo formal. Y sin trabajo no hay desarrollo que se sostenga en el tiempo.
Costa Rica se electrificó hace décadas porque hubo gente con la valentía de decidir. Hoy nos toca a nosotros, y el margen es estrecho: la aprobación definitiva exige 38 votos, una mayoría calificada que todavía no está asegurada. Podemos quedarnos defendiendo un sistema congelado en el tiempo o podemos darle al país la energía que necesita para crecer. Yo lo tengo claro: sin electricidad no hay empleo, sin empleo no hay desarrollo, y sin esta reforma no tendremos suficiente electricidad.
