Por Xavier Condega
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha tomado decisiones trascendentales de cara a las elecciones municipales en Costa Rica. En un movimiento destacado, rechazó las candidaturas de Aquí Costa Rica Manda debido a su incumplimiento de las reglas de paridad de género, mientras que otras agrupaciones como la Unidad Social Cristiana (PUSC) vieron aceptadas sus nominaciones desiguales. Aunque estos casos parecerían similares, difieren en el proceso seguido por cada partido para conformar sus listas de candidatos
La paridad de género ha sido un tema crucial en el proceso electoral. Desde principios de 2023, el TSE había comunicado a todos los partidos políticos las normativas para garantizarla en las candidaturas municipales. La implementación de la paridad horizontal se ha convertido en una prioridad, reflejando un compromiso por garantizar una representación equitativa en la esfera política costarricense.
Por otro lado, el TSE ha detallado el funcionamiento del nuevo sistema de votación, la Papeleta Única Electrónica. Este método promete mayor seguridad y transparencia en el proceso electoral, con pasos detallados para emitir el voto de manera electrónica.
Además, el TSE ha habilitado diversos canales para que los ciudadanos consulten su lugar de votación, incluyendo líneas telefónicas, mensajes de texto, una aplicación móvil y su sitio web. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la información electoral y garantizar una participación informada de la ciudadanía.
En cuanto a la divulgación de resultados, el TSE ha anunciado un nuevo formato que incluye la publicación de cortes provisionales actualizados cada 10 minutos a partir de las 8 p. m. del día de las elecciones, así como la participación de observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso.
Los preparativos para las elecciones municipales en Costa Rica prometen un proceso histórico en cuanto a participación y transparencia electoral. Sin embargo, el país enfrenta un desafío persistente: el alto abstencionismo. En las elecciones del 2020, este alcanzó un alarmante 62.19%, evidenciando un claro desinterés por cumplir con esta obligación cívica. Para las elecciones del 2024, es crucial abordar este problema mediante nuevas estrategias de compromiso cívico y educación electoral, buscando aumentar la participación ciudadana y fortalecer la confianza en el proceso democrático.
