Redacción. – Tres de las cuatro cooperativas adjudicadas el año pasado para administrar diez Áreas de Salud interpusieron dos demandas contra Marta Acosta, contralora general de la República, Jorge Suárez Esquivel (auditor general) y seis funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR).
Las demandas fueron presentadas por la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud R.L), la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral (Coopesaín R.L) y la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana R.L).
¿Cómo es la cosa?
Las cooperativas alegan que la nota técnica, utilizada por el Ministerio Público para justificar los allanamientos del “Caso Barrenador”, se basó en un estudio defectuoso del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El documento, denominado “Estudio de Razonabilidad de Precios”, aseguraba que las cooperativas de salud cobraban de más, cuando en realidad ofrecían precios más bajos.
La nota estaba llena de errores aritméticos y metodológicos; Así, cuando el costo ofrecido por la cooperativa era menor, la CCSS ponía el resultado en “cero” en lugar de mostrar la diferencia negativa; Es decir, se “borraron” los datos que mostraban ahorros.
Además, se eliminaban todos los datos que podían mostrar que el contrato beneficiaba económicamente a la institución.
Por otra parte, se usaron categorías arbitrarias sin explicación: El informe de la Caja hablaba de “diferencias mayores” y “diferencias menores”, pero nunca explicó qué significaban ni cuál era el criterio numérico para definirlas.
En algunos casos, una diferencia de ₡194.000 se consideró “mayor” (en contra de la cooperativa), pero otra de ₡990.000 a favor no fue considerada “mayor”. Así, no existía ningún fundamento técnico ni legal para aplicar esos límites.
Como si fuera poco, es que el documento del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS usó datos desactualizados generando distorsión en los resultados y hacía parecer que las cooperativas cobraban más de lo que realmente correspondía.
En los cuadros comparativos, la Caja ponía diferencias de “₡0,00” entre los salarios de la CCSS y los ofrecidos por las cooperativas, cuando sí existían diferencias.
A manera de ejemplo, el salario de un médico general en la CCSS era de ₡2.590.473, mientras que los de Coopesalud eran de ₡2.369.666. La diferencia ofrecida por la cooperativa era de ₡220.807, sin embargo, la CCSS registró esa diferencia como ₡0,00, ocultando el ahorro. Solo con ese puesto, el error significaba ₡26,4 millones de ahorro en 10 años que nunca se reflejó.
Finalmente, el Área de Contabilidad dijo haber aplicado un “Manual de procedimientos administrativos para la elaboración de estudios de razonabilidad de precios”, sin firma de aprobación, ni tenía fecha oficial de emisión. Tampoco estaba respaldado por ninguna instancia superior y además, ya había sido derogado por la nueva Ley de Contratación Pública (Ley 9986).
En otras palabras, usaron un documento sin validez legal para justificar sus decisiones.
Caso omiso
Las cooperativas acusaron que la nota contenía errores técnicos y además, señalaron que los funcionarios “actuaron en forma precipitada, arbitraria y en incumplimiento grave de sus funciones más esenciales al haber tramitado, en escasos minutos, la citada nota técnica y por haberla remitido al Ministerio Público sin la más mínima revisión, verificación o validación”.
Aun así, la Contraloría cerró la denuncia asegurando que “se trataba de una investigación en curso” en sede judicial.
No obstante, las cooperativas consideran que la investigación sobre el tema se cerró “sin sustento adecuado” además que Acosta y el auditor interno, Jorge Suárez Esquivel, se negaron a investigar las acciones de los funcionarios involucrados
Las cooperativas también reprochan que se les rechazara el recurso de revocatoria y apelación contra esa decisión.
Las cooperativas solicitaron al Tribunal Contencioso que se declare la nulidad absoluta del oficio por medio del cual rechazó la denuncia interpuesta por las cooperativas ante la CGR, así como de los documentos que rechazaron los sucesivos recursos.
Piden, además, declarar que tanto la contralora como el auditor de la CGR incumplieron de “manera grave sus responsabilidades, deberes y potestades”. En ambas demandas, solicitan que se condene al Estado al pago de costas.
