PAC y Frente Amplio se sumaron a sindicatos y gremios en marcha contra el Gobierno

La mañana de este miércoles cientos de personas se agruparon en los alrededores del parque Central, el Paseo Colón y la Fuente de la Hispanidad para marchar en contra de las políticas del Gobierno en materia de empleo público, recorte al FEES y agenda agrícola, lo que ha servido de escenario para agrupaciones como el PAC y el Frente Amplio.

Tanto el Frente Amplio como el casi extinto PAC tuvieron presencia entre los participantes de la manifestación, que estuvo protagonizada por estudiantes, sindicalistas y gremios y orgnizaciones que se oponen a las políticas del Gobierno.

En un comunicado de prensa el Partido Acción Ciudadana había señalado que “comparte las demandas que motivan la convocatoria” por lo que se sumó al llamado para la marcha, pese a que solo dos años antes, durante el gobierno de Carlos Alvarado, se habían tratado de bloquear este tipo de acciones.

De hecho fue durante el gobierno de Alvarado que el Congreso aprobó, con los votos del PAC incluido, la reforma de ley para limitar las manifestaciones de empleados públicos.

Ahora, los rojiamarillos y los frenteamplistas tratan de sacar provecho de la convocatoria de los sectores y de allí, su participación.

Los manifestantes, que suman más de 40 organizaciones a través de un Frente Nacional, e precisó 9 puntos con los que emplazan al Gobierno:

1. El empobrecimiento sistemático de la clase trabaja­dora y de los pequeños comerciantes y productores nacionales ante la ausencia de políticas económicas coherentes, lo cual se suma a la injusta y absurda política de salarios congelados.
2. Los recortes en recursos para la vivienda de la clase más empobrecida, así como los recortes en educación, comedores escolares y becas estudiantiles; recortes en cultura, en el presupuesto de las pensiones del régimen no contri­butivo y en programas de ayudas sociales para los más necesitados.
3. Las intromisiones sistemáticas del gobierno en la administración de la CCSS para promover de manera subterránea su privatización, la incapacidad para resolver las listas de espera y la permanente negativa de cumplir las obligaciones legales de pago a la deuda de la Caja.
4. El permanente irrespeto a la institucionalidad democrática, que se comete de manera permanente con la violación constante de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales.
5. Las acciones irresponsables orientadas a promover, mediante varios proyectos de ley y me­diante políticas públicas, la destrucción del modelo eléctrico solidario, que ha permitido al país ofrecer bienestar a través de una cobertura eléctrica superior al 99% de la población.
6. Las miopes, reduccionistas y cortoplacistas políticas de atención al aumento exponencial de los índices de inseguridad y criminalidad asociados a las acciones de las mafias del narcotráfico, consistentes en priorizar recortes presupuestarios a las instituciones policiales, así como a instituciones públicas relacionadas con la oferta social solidaria de oportunidades, a pesar de que son las únicas que pueden potenciar el asenso social, la mejora de condiciones salariales y la creación de alternativas laborales para las clases más empobrecidas, las cuales constituyen el sustrato de la actividad criminal en el país.
7. El sistemático abandono de los agri­cultores y campesinos nacionales.
8. La ausencia total de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos.
9. El incumplimiento de la promesa de ataque al fraude fiscal, ante lo cual se sigue facilitando, normalizando y, de alguna manera, promoviendo la evasión y el fraude fiscal.