La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) reiteró el respaldo que siempre le han dado al desarrollo de la generación distribuida como la energía solar en Costa Rica y es por ello que piden una regulación clara.
Esto luego de que la Sala Constitucional ordenara a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) emitir la regulación pendiente para impulsar el uso de energías renovables según lo estableció la ley sobre recursos energéticos distribuidos.
“Las cooperativas eléctricas, las empresas públicas municipales y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) han contribuido activamente a la integración de la generación distribuida al Sistema Eléctrico Nacional, procurando siempre resguardar la calidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio para todos los usuarios”, dijo Erick Rojas, presidente de CEDET.
Además expresó su rechazo a cualquier afirmación que surgiera que las empresas distribuidoras de electricidad han actuado para obstaculizar su crecimiento.
La Cámara afirma que los requerimientos técnicos aplicados por las empresas distribuidoras se han establecido a pegados a criterios de seguridad operativa, estabilidad de la red y calidad del servicio, y no a la intención de limitar la participación de los usuarios ni de las empresas vinculadas a la generación solar.
CEDET continuará velando porque la integración de los recursos energéticos distribuidos como la colocación de paneles solares se realice de manera ordenada y sin comprometer la seguridad, confiabilidad y estabilidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional.
“Asimismo, es indispensable que cualquier instrumento regulatorio o eventual reforma legal preserve los principios de equidad y sostenibilidad financiera del sistema, evitando la generación de subsidios cruzados, afectaciones al bolsillo de los usuarios finales o cargas económicas adicionales para las empresas distribuidoras. En ese sentido, resulta fundamental que la ARESEP establezca el correspondiente canon regulatorio para esta actividad, en concordancia con el principio de que toda actividad sujeta a regulación debe contribuir al financiamiento de la función reguladora, tal y como ocurre con los demás servicios regulados en el país”, concluyó Rojas.
