La discusión energética volvió a quedar desconectada justo cuando el país más lo necesita.
La pausa del proyecto de armonización eléctrica deja una sensación incómoda: Costa Rica sigue teniendo enormes dificultades para sostener conversaciones estratégicas de largo plazo sin que terminen atrapadas entre el ruido político, los cálculos legislativos y los cortocircuitos partidarios que paralizan cualquier intento de reforma.
Y eso fue precisamente lo que terminó ocurriendo con la discusión eléctrica. Lo que debía convertirse en un debate técnico sobre capacidad energética, modernización y sostenibilidad terminó absorbido por bloqueos políticos, desgaste legislativo y una confrontación que volvió a poner la táctica partidaria por encima de la discusión de fondo.
Las señales de alerta, mientras tanto, siguen encendiéndose.
El fenómeno de El Niño, las sequías prolongadas, la presión sobre la generación hidroeléctrica, el aumento en costos operativos y la creciente demanda energética dejaron de ser advertencias hipotéticas para convertirse en síntomas reales de vulnerabilidad para el sistema eléctrico nacional.
Costa Rica ya ha tenido que recurrir con mayor frecuencia a generación térmica e importaciones de energía para sostener la demanda en momentos críticos. Y eso inevitablemente significa más presión sobre tarifas, mayores costos de operación y una necesidad cada vez más urgente de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema energético frente a escenarios climáticos más extremos e impredecibles.
Aun así, el país sigue actuando como si bastara con bajar el breaker de la discusión cada vez que aumenta la tensión política.
Toda reforma profunda genera resistencia, especialmente cuando toca sectores estratégicos o modifica reglas históricas del mercado eléctrico. Eso es normal en cualquier democracia. Lo preocupante es otra cosa: que Costa Rica parezca incapaz incluso de mantener conectado el debate sin que todo termine haciendo corto político.
Porque mientras los partidos se enredan en pulsos legislativos y cálculos electorales, la presión sigue acumulándose sobre el sistema.
La demanda eléctrica no se pausa. Las sequías no esperan consensos políticos. Los riesgos climáticos no disminuyen porque un expediente salga temporalmente de la corriente legislativa. Y los costos energéticos tampoco dejan de impactar la competitividad del país simplemente porque la discusión se congele.
Costa Rica no puede seguir trabajando con parches mientras las señales de advertencia comienzan a encenderse en el tablero energético nacional.
Cada episodio de estrés eléctrico, cada presión sobre embalses, cada advertencia sobre capacidad de generación y cada aumento en costos deberían funcionar como fusibles de alerta sobre la necesidad de discutir el futuro energético con seriedad, visión técnica y sentido de urgencia.
Porque bajar el switch puede reducir momentáneamente el ruido político. Pero no elimina la sobrecarga del sistema. No enfría los transformadores. No aumenta capacidad instalada. No corrige vulnerabilidades climáticas. No abarata costos energéticos. No garantiza competitividad.
Simplemente deja el problema conectado para después.
Y cuando un país posterga demasiado tiempo las revisiones de su sistema eléctrico, el riesgo deja de ser únicamente político. También puede terminar siendo económico, productivo y estructural.
