Redacción. – La Asamblea Legislativa decidió archivar un proyecto de ley que afectaba directamente el funcionamiento del Movimiento Cooperativo.
Se trata del expediente 23.760 (“Ley de impuesto sobre la Renta”) que generaba Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Personas Jurídicas (IRPJ) y para los No Residentes.
Así, gravaba salarios, dietas, bonos, comisiones, ingresos por negocios o ejercicio profesional, alquileres, bienes inmuebles y excedentes.
En ese caso, se consideraba que los excedentes distribuidos a los asociados de una cooperativa serían Rentas del capital mobiliario (Ganancias) para la persona física (Gravadas al 15%).
Además, aplicaba un impuesto de 30% a sociedades, asociaciones, cooperativas y demás entidades, con o sin personería jurídica, residentes fiscales en Costa Rica.
La decisión se enmarca en la línea que ha venido sosteniendo el Poder Ejecutivo de no cargar con nuevos impuestos a los sectores productivos del país.
Tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como la presidenta electa, Laura Fernández, habían manifestado que sus respectivas administraciones no avanzarían con nuevos impuestos y más bien, apostarían por principios de responsabilidad, contención del gasto público y estímulo a la actividad económica.
La medida no solamente habría generado inseguridad jurídica, sino que habría afectado la inversión, el empleo y el desarrollo de sectores estratégicos como el cooperativismo, que históricamente ha sido un motor de crecimiento y bienestar en distintas regiones del país.</
