La mañana de este martes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la mano con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción desarrollan un total de 22 allanamientos relacionados con supuesta corrupción en los arreglos a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.
Durante los mismos se logró la detención de cuatro personas que son el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, así como el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, el director general de Aviación Civil Marcos Castillo y otro funcionario de la CNE de apellido Villalobos.
Todos ellos figuran como sospechosos de los delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias y en las próximas horas serán trasladados a celdas judiciales para la respectiva indagatoria.
Agentes judiciales llegaron a las viviendas de estos funcionarios en Curridabat y Pavas en San José, Oreamuno en Cartago y Santa Barbara en Heredia, además de las instalaciones de la empresa Meco, la CNE, Aviación Civil, entre otros puntos con el fin de decomisar evidencia de relevancia para la investigación.
Randall Zúñiga director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que esto se debe a presunta corrupción a la hora de extenderse un decreto de emergencia en el año 2023 y además de las condiciones del contrato que se le otorgó a la empresa MECO.
Señaló que “se da una adjudicación de 40 millones de dólares para poder arreglar las cuatro capas de la carpeta asfáltica del Aeropuerto Daniel Oduber. En su momento, ya pues cuando se da esta adjudicación a la empresa ganadora, que es Meco, hace una ingeniería de valor y determina que no es necesario hacer la remodelación de las cuatro capas como tal, sino que simplemente reasfaltar o recarpetear la primera capa, sería suficiente”.
Esto es de conocimiento de la unidad ejecutora, por lo que de inmediato busca frenar el contrato original y es aquí donde habrían empezado las presiones por parte de los funcionarios hoy detenidos para que no se cambiara el contrato y se mantuviera el monto que se había dado.
“Al final lo que se genera es que se excluyen a estas personas de la unidad ejecutora y posteriormente el señor Batalla lo que hace es firmar y dar el aval para que se pueda dar este recarpeteo”, aseguró Zúñiga.
