Por Jorge Arturo Campos Montero y Lourdes Gómez González. Observatorio de la Sostenibilidad de la Universidad FUNDEPOS
El cooperativismo es una forma de organización socioeconómica que coloca a las personas en el centro de la actividad empresarial, prioriza la democracia interna y reinvierte sus excedentes en beneficio colectivo.
Tanto en Costa Rica como en la Comunitat Valenciana, en España, este modelo ha demostrado ser un motor de inclusión, resiliencia y sostenibilidad. Sin embargo, la comparación entre ambos territorios revela diferencias en escala, incidencia y capacidad de impacto, que ofrecen valiosas lecciones para el movimiento cooperativo costarricense.
Este análisis se basa en un estudio comparado de alrededor de 14 cooperativas en distintos sectores de ambos países, cuyos resultados son parciales y forman parte de una investigación más amplia en desarrollo para publicación en revistas especializadas, donde participamos dos investigadores del Observatorio de la Sostenibilidad de FUNDEPOS y 4 académicos de Florida Universitaria de Valencia, España. Asimismo, incorpora hallazgos del trabajo de Jorge Arturo Campos Montero publicado en el International Journal of Cooperative Accounting and Management (2024), donde se evaluó el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 11 cooperativas costarricenses mediante un instrumento de evaluación específico.
La integración de ambos insumos permite identificar aprendizajes clave y oportunidades estratégicas para Costa Rica en el marco de la economía circular y la competitividad.
Diferencias de escala e incidencia
Este es uno de los aspectos que más nos llamó la atención. En la provincia de Valencia, con una población de 2,7 millones de habitantes, existen 2.590 cooperativas activas, lo que equivale a 96 cooperativas por cada 100.000 habitantes. En Costa Rica, con 5,2 millones de habitantes, operan entre 570 (consignado así por Velero Informativo, citando al Departamento de Supervisión de Cooperativas del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y 600 (según censo cooperativo de 2012), es decir, entre 11 y 11,5 por cada 100.000 habitantes. La incidencia del cooperativismo valenciano es cerca de nueve veces superior que la costarricense, con una extensión territorial de tan solo 10.763 km². Esto llama a la reflexión. Este dato refleja no solo una mayor densidad organizativa, sino también una capacidad más amplia de las cooperativas valencianas para permear la vida económica y social de sus comunidades, con todos los beneficios asociados que esto conlleva con relación a la calidad de vida de los habitantes de esta provincia española.
En Valencia el cooperativismo se extiende con gran densidad y diversidad hacia sectores como salud, educación, energía renovable, cultura, turismo y comercio minorista. Esta transversalidad convierte a las cooperativas valencianas en un verdadero tejido económico alternativo, capaz de articular redes de apoyo, dinamizar economías locales y fortalecer la cohesión territorial.
Los datos recientes son elocuentes: en 2024 se contabilizan 2.590 cooperativas activas, que generan 62.605 empleos y aportan alrededor del 7,18% del PIB autonómico. En el sector agroalimentario, por ejemplo, el 88% de lo comercializado se destina a la exportación, lo que demuestra su competitividad internacional. En el ámbito financiero, Valencia concentra 30 de las 61 cooperativas de crédito existentes en España, mientras que en educación más de 100 centros cooperativos atienden a 25.000 estudiantes. Todo ello se complementa con un alto grado de legitimidad social: el 89% de la población valenciana sabe qué es una cooperativa y el 85,6% la identifica como empresa, lo que refuerza su aceptación y sostenibilidad.
Para Costa Rica, la lección es doble: por un lado, consolidar y visibilizar los sectores donde ya existe una fuerte presencia cooperativa como agroindustria con ejemplos emblemáticos como Dos Pinos y Coopeagri R.L.; ahorro y crédito como Coopeande R.L. o Coopecaja R.L.; electrificación rural y generación de energía renovable con CONELECTRICAS; o cooperativas de salud y servicios múltiples han atendido necesidades sociales esenciales en educación, vivienda y bienestar. Por otro, fomentar la expansión hacia áreas emergentes como la economía digital, la movilidad sostenible, las industrias culturales y el turismo comunitario.
De esta manera, el cooperativismo costarricense podrá ampliar su impacto, diversificar sus aportes y posicionarse como un motor integral de desarrollo sostenible y regeneración eco-social.
Marco institucional y políticas públicas
En España, la Ley 5/2011 de Economía Social y la Ley 27/1999 de Cooperativas proporcionan un marco jurídico sólido que reconoce explícitamente la economía social como sector estratégico.
A nivel europeo, el Social Economy Action Plan (2021) y la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2023 han situado a la economía social como un tercer pilar junto al Estado y el mercado, reforzando la confianza en el modelo y facilitando su expansión.
Esta recomendación, la primera de su tipo, insta a los Estados miembros a reconocer el papel de cooperativas, asociaciones y fundaciones en la inclusión social, el acceso al empleo y la innovación sostenible, promoviendo un entorno normativo y financiero favorable.
En Costa Rica también existe un marco jurídico robusto: la Ley de Asociaciones Cooperativas, la creación de INFOCOOP, el CONACOOP y lineamientos sectoriales que habilitan la operación de cooperativas en ahorro-crédito, agroindustria, lácteos, electrificación rural, transporte y vivienda. A esto se suma la Política Pública de Economía Social Solidaria (2021–2025) y la coordinación interinstitucional desde la Dirección Nacional de Economía Social Solidaria (DESS), dependencia creada por decreto ejecutivo para articular políticas públicas, certificar organizaciones de la economía social solidaria (ESS) y facilitar acceso a financiamiento, capacitación y asistencia técnica desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La diferencia con Valencia y el marco europeo radica en que Costa Rica carece de una legislación integral que articule todas las formas de economía social bajo un mismo paraguas estratégico. La actual Ley de Asociaciones Cooperativas regula únicamente a las cooperativas y no faculta la coordinación con asociaciones, fundaciones u otras entidades solidarias. Avanzar hacia una ley marco de economía social permitiría fortalecer la articulación territorial, potenciar las compras públicas, facilitar la internacionalización, ampliar el acceso a financiamiento verde y social, y mejorar la medición de impacto. Esto es, una normativa integral reforzaría la trazabilidad y la gobernanza del ecosistema cooperativo y solidario costarricense, alineándolo con las mejores prácticas europeas.
Medición y reporte de impactos
Uno de los problemas señalados por organismos internacionales como la ONU es que los reportes globales del cooperativismo suelen concentrarse en métricas de facturación y volumen de negocios, invisibilizando su verdadero impacto social y ambiental. Esta limitación dificulta demostrar la contribución del sector a la cohesión territorial, la equidad y la sostenibilidad.
En Valencia, las cooperativas han comenzado a integrar marcos de reporte como los GRI Standards, los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) y metodologías de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que les permite comunicar de manera más transparente su aporte en reducción de emisiones, inclusión laboral y fortalecimiento comunitario.
En Costa Rica, según el estudio de Campos Montero publicado en el International Journal of Cooperative Accounting and Management (2024), el cumplimiento promedio de los ODS en 11 cooperativas fue de 61,6%, con casos destacados que alcanzaron hasta 87%, pero también con cooperativas que apenas lograron 38%. Los objetivos con menor grado de cumplimiento fueron el ODS 2 (Hambre cero), el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), todos con amplias oportunidades de mejora. Estos resultados reflejan tanto la diversidad sectorial como la necesidad de metodologías homogéneas de medición.
La lección es fortalecer los sistemas de medición y reporte, visibilizando indicadores más allá de lo financiero: equidad de género, cohesión comunitaria, reducción de emisiones, generación de empleo decente, innovación social y resiliencia territorial.
Incorporar herramientas como un balance social cooperativo, matrices de impacto ambiental y reportes integrados alineados no solo con la Agenda 2030, sino también con marcos más recientes como el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, los estándares internacionales de sostenibilidad como GRI (Iniciativa de Reporte Global, por sus siglas en inglés) o el ISSB (Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad-NIIF S1 y S2) y los compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París, permitiría demostrar de manera verificable la contribución del cooperativismo costarricense.
De esta forma, se consolidaría su legitimidad como actor estratégico y se proyectaría hacia el escenario post2030, garantizando trazabilidad, comparabilidad internacional y alineación con las metas de neutralidad de carbono y justicia social. Esto está lejos de ser una tarea simple y aun así ya hay cooperativas costarricenses que incorporan algunas de estas prácticas. Seguir haciéndolo y expandirlo a un mayor número de cooperativas significaría sin lugar a duda una evolución de sector.
Además, avanzar hacia la digitalización de datos y plataformas de trazabilidad facilitaría la comparación internacional y el potencial acceso a financiamiento verde y social, reforzando la posición del movimiento cooperativo en escenarios globales.
Densidad organizativa y arraigo territorial
La densidad organizativa y el arraigo territorial son factores que explican la fuerza del cooperativismo en Valencia. Allí, la presencia de cooperativas en sectores diversos como vivienda, transporte y cultura genera un efecto multiplicador: no solo producen bienes y servicios, sino que también articulan redes de apoyo comunitario, fortalecen la cohesión social y dinamizan economías locales.
Ejemplos de ello son el CAU Cohousing, que impulsa proyectos de vivienda colaborativa con criterios de sostenibilidad; Sercoval, cooperativa dedicada a servicios sociales que atiende a colectivos vulnerables en barrios urbanos; y Florida Universitaria, cooperativa educativa que ofrece formación superior y técnica, vinculando directamente la educación con el } desarrollo territorial. Estas experiencias muestran cómo la densidad cooperativa valenciana se traduce en un tejido económico alternativo capaz de responder a necesidades sociales y productivas de manera integral.
En Costa Rica, el arraigo territorial existe, pero con menor densidad y cobertura, lo que limita su capacidad para alcanzar la misma transversalidad. Aun así, hay ejemplos valiosos que demuestran el potencial del modelo: CoopeVictoria R.L., en Grecia, que combina producción agroindustrial con proyectos de sostenibilidad ambiental y programas comunitarios; CoopeAlianza R.L., en Pérez Zeledón, que articula servicios financieros, comercio y apoyo social para miles de asociados; y CoopeMontecillos R.L., en Alajuela, que ha logrado consolidar cadenas de valor en la industria cárnica con fuerte impacto en productores locales.
Estos casos reflejan cómo las cooperativas costarricenses, aunque menos densas en número, poseen un arraigo territorial profundo y capacidad de transformación social. Replicar la experiencia valenciana implicaría fomentar la creación de nuevas cooperativas en comunidades rurales y urbanas, con apoyo técnico y financiero, para expandir el modelo hacia sectores emergentes como turismo comunitario, industrias culturales y gestión ambiental, consolidando así un tejido cooperativo más diverso y resiliente.
Transición verde y digital
Valencia ha demostrado que las cooperativas pueden ser protagonistas en la generación de energías renovables y en la digitalización inclusiva. Ejemplos emblemáticos son Enercoop de Crevillent, pionera en comunidades energéticas locales que abastecen a miles de hogares con energía solar fotovoltaica; la Cooperativa Eléctrica de Alginet, que ha desarrollado proyectos de autoconsumo compartido y gestión inteligente de la demanda; y Consum, líder en la distribución alimentaria del arco mediterráneo, que ha ejecutado una ambiciosa estrategia de descarbonización e innovación ambiental.
Consum ha logrado que el 100% de su consumo eléctrico provenga de fuentes renovables y que toda su red comercial sea ecoeficiente. En logística sostenible, es la única empresa del sector en España en obtener la tercera estrella Lean & Green por reducir más de un 40% sus emisiones en procesos logísticos. Estas medidas han permitido disminuir su huella de carbono en más de un 80% desde 2015, obteniendo el distintivo Reduzco del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, promueve activamente la economía circular mediante proyectos pioneros, como la certificación Residuo Cero en sus plataformas y la transformación del poliestireno recuperado para sus propios supermercados.
Este dinamismo ha permitido que las cooperativas valencianas se conviertan en actores centrales de la transición energética europea, integrando proyectos de energía solar, comunidades de autoconsumo y esquemas de eficiencia que fortalecen la cohesión territorial.
Costa Rica, por su parte, también cuenta con cooperativas que han asumido un papel estratégico en la transición energética y la sostenibilidad. Coopeguanacaste destaca con su planta gasificadora de residuos, que transforma desechos sólidos en energía eléctrica bajo un modelo de economía circular y financiamiento verde, reduciendo emisiones y generando electricidad limpia para comunidades rurales.
Coopelesca y Coopesantos han sido pioneras en electrificación rural y en proyectos de energía renovable, incluyendo hidroeléctricas comunitarias y programas de eficiencia energética que han permitido llevar electricidad a zonas antes marginadas. En el ámbito de servicios múltiples, Coopesiba R.L. en salud y CoopeAgri R.L. en agroindustria han integrado prácticas de sostenibilidad y bienestar social, mostrando que el cooperativismo costarricense también puede liderar en innovación y resiliencia.
Este contraste evidencia que, mientras en Valencia las cooperativas han diversificado su acción hacia sectores como cultura, turismo y comercio minorista, en Costa Rica el cooperativismo ha sido clave en electrificación, energía renovable, salud y servicios múltiples. Ambos casos muestran que el modelo cooperativo es capaz de adaptarse a las necesidades territoriales y convertirse en un motor de sostenibilidad, cohesión social y competitividad económica.
Equidad de género e inclusión social
La experiencia valenciana también se refleja en la incidencia de género. Las cooperativas han logrado una participación femenina superior a la media estatal: el 61,42% del empleo cooperativo corresponde a mujeres, y más de un tercio de ellas ocupa puestos de dirección.
Este dato evidencia que el modelo cooperativo valenciano no solo impulsa la transición energética y digital, sino que también se convierte en un espacio de inclusión y equidad, rompiendo estereotipos de género en sectores tradicionalmente masculinos como la construcción, el transporte o la gestión financiera.
En Costa Rica, los avances en equidad de género son más modestos. Investigaciones recientes señalan que menos del 30% de las gerencias en cooperativas medianas y grandes están ocupadas por mujeres, y que persisten brechas en la participación política y gerencial. Aunque existen iniciativas impulsadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas para reducir estas desigualdades, todavía se requiere un esfuerzo mayor para que la equidad de género sea un componente integral de la estrategia cooperativa.
La comparación entre Valencia y Costa Rica revela que, mientras en España las cooperativas han avanzado hacia una mayor equidad de género y diversificación sectorial, en Costa Rica el reto es consolidar esa inclusión en sectores estratégicos y garantizar que las mujeres tengan acceso real a puestos de liderazgo.
Oportunidades en el marco de la economía circular
La economía circular ofrece un marco estratégico para potenciar la competitividad y la legitimidad del cooperativismo costarricense.
En el país ya existen avances concretos en reciclaje, compostaje, eficiencia energética y producción responsable, con ejemplos como Dos Pinos, en gestión de residuos y eficiencia hídrica, o Coopetarrazú, en valorización de subproductos del café. Sin embargo, la cobertura de certificaciones ambientales (ISO 14001, Carbono Neutral, Bandera Azul Ecológica) y la trazabilidad de indicadores aún son limitadas, lo que dificulta demostrar de manera verificable el impacto del sector.
La experiencia de Valencia muestra que la circularidad puede integrarse transversalmente en todos los sectores: agroindustria, energía renovable, turismo sostenible y vivienda colaborativa. Allí, las cooperativas han comenzado a vincular sus modelos de negocio con marcos europeos de economía circular y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), generando modelos de triple impacto: ambiental, social y económico.
Para Costa Rica, la oportunidad está en articular cadenas de valor sostenibles que conecten producción y consumo con los productores. Esto implica escalar certificaciones y estándares internacionales, fortaleciendo la credibilidad del sector; digitalizar la trazabilidad de indicadores, permitiendo medir reducción de emisiones, eficiencia en uso de recursos y generación de empleo decente; y aprovechar la Política Nacional de Economía Circular (2021–2030) como marco habilitador para proyectos cooperativos en agroindustria, transporte, energía y turismo.
Asimismo, promover alianzas público-privadas y comunitarias que integren innovación social y financiamiento verde permitirá que las cooperativas costarricenses se conviertan en líderes regionales de la transición circular, demostrando que la economía social es capaz de regenerar ecosistemas, cohesionar comunidades y dinamizar mercados sostenibles.
Competitividad y posicionamiento internacional
El cooperativismo valenciano ha logrado posicionarse como actor relevante en cadenas agroalimentarias, energéticas y culturales, con capacidad de competir en mercados internacionales. Costa Rica, con su reputación en sostenibilidad y energías limpias, tiene la oportunidad de proyectar su cooperativismo como modelo exportable. Para ello, debe fortalecer su competitividad mediante innovación tecnológica, certificaciones internacionales, alianzas estratégicas y visibilidad institucional.
El cooperativismo valenciano ofrece a Costa Rica un conjunto de lecciones valiosas: diversificación sectorial, fortalecimiento normativo, medición de impactos, densidad organizativa, integración con la transición verde y digital, y equidad de género. Integrar estas lecciones en el contexto de la economía circular y la competitividad permitirá al movimiento cooperativo costarricense consolidarse como actor central en la construcción de comunidades resilientes, inclusivas y sostenibles.
En un mundo marcado por fuertes crisis ambientales y sociales, el cooperativismo no solo es una alternativa económica: es una herramienta estratégica para regenerar la sociedad y democratizar la economía, capaz de articular cadenas de valor sostenibles, impulsar la innovación social y garantizar empleo decente.
La experiencia comparada muestra que el cooperativismo puede ser un motor de transición sistémica, integrando objetivos de descarbonización, circularidad y digitalización con políticas de inclusión y equidad. Para Costa Rica, esto significa avanzar hacia un ecosistema cooperativo que no solo responda a las necesidades locales, sino que también se proyecte internacionalmente como referente de sostenibilidad y justicia social.
En este sentido, el cooperativismo se convierte en un pilar estratégico de la Agenda 2030, capaz de demostrar con indicadores verificables su contribución a la reducción de desigualdades, la resiliencia climática y la promoción de comunidades más sostenibles.
Consideraciones finales
A modo de conclusión, la experiencia valenciana ofrece lecciones valiosas en diversificación sectorial, densidad organizativa, fortalecimiento normativo, medición de impactos, integración con la transición verde y digital, y equidad de género. Estos elementos han consolidado al cooperativismo en Valencia como un fenómeno económico y social de gran alcance, capaz de generar cohesión territorial, competitividad y legitimidad institucional.
Para Costa Rica, el aprendizaje es claro: avanzar hacia un ecosistema cooperativo que amplíe su impacto más allá de los sectores tradicionales, incorpore metodologías de reporte verificables y se articule con marcos internacionales de sostenibilidad. Esto permitirá consolidar su legitimidad como actor estratégico y proyectarse hacia el escenario post2030, alineado con la economía circular, la descarbonización y la justicia social.
En síntesis, el cooperativismo costarricense tiene la oportunidad de evolucionar hacia un modelo más diverso, transparente y competitivo, capaz de responder a las necesidades locales y, al mismo tiempo, posicionarse como referente regional en sostenibilidad y economía social inclusiva.
