Redacción. – El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) presentó este lunes una propuesta de reforma legislativa que busca transformar, fortalecer y modernizar el marco jurídico del Movimiento Cooperativo costarricense.
La presentación del proyecto se dio en el Edificio Cooperativo con cinco diputados de la República que respaldan la propuesta: Isabel Camareno, Marta Eugenia Esquivel, Antonio Barzuna (Pueblo Soberano) Ronald Campos y Rafael Ángel “Fello” Vargas (PLN).
En concreto, la reforma busca fortalecer la institucionalidad del sector, otorgar mayor autonomía a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), modernizar el funcionamiento del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) , ampliar las herramientas de financiamiento para las cooperativas y actualizar una legislación que, según sus impulsores, ya no responde a la realidad actual del cooperativismo nacional.
Más autonomía para las cooperativas de autogestión
Uno de los principales ejes de la iniciativa consiste en transformar la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), que actualmente funciona como un órgano del Conacoop, para convertirla en un ente público no estatal con personalidad jurídica plena.
Los proponentes argumentan que, aunque la CPCA cuenta desde 2008 con personalidad jurídica instrumental para administrar el Fondo Nacional de Autogestión (FNA), esa figura ha resultado insuficiente para ejercer plenamente las funciones que le asigna la ley.
Según la exposición de motivos, la Comisión continúa dependiendo administrativamente del Infocoop para múltiples decisiones relacionadas con el funcionamiento del Fondo Nacional de Autogestión, (FNA) lo que, en criterio de los impulsores, limita su autonomía operativa y presupuestaria.
La propuesta sostiene que otorgar la condición de ente público no estatal permitirá a la CPCA actuar con mayor independencia jurídica, financiera y administrativa, administrar directamente los recursos del Fondo Nacional de Autogestión y agilizar la atención de las cooperativas del sector.
Un fondo que supera los ₡12.000 millones
El proyecto destaca el crecimiento alcanzado por el Fondo Nacional de Autogestión desde su creación en 2008.
De acuerdo con la iniciativa, el patrimonio del fondo supera actualmente los ₡12.100 millones, producto del crecimiento sostenido de la cartera crediticia y de la reinversión de los recursos.
Además, señala que durante sus 17 años de funcionamiento prácticamente la totalidad de las cooperativas de autogestión del país han recibido algún tipo de financiamiento y que actualmente existen más de 40 operaciones de crédito vigentes.
El proyecto también resalta que las tasas de interés ofrecidas por el Fondo Nacional de Autogestión son inferiores a las de otras instituciones públicas de financiamiento y que su índice de morosidad ronda apenas el 5%, porcentaje que considera bajo para un fondo especializado en desarrollo productivo.
Más recursos para fortalecer el sector
Otra de las modificaciones relevantes consiste en aumentar del 1% al 1,5% el porcentaje del presupuesto de capital y operaciones del Infocoop que debe destinarse al funcionamiento de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA).
Los impulsores consideran que el porcentaje vigente resulta insuficiente para atender las responsabilidades que actualmente desarrolla la CPCA, especialmente en materia de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento empresarial, estudios de viabilidad, fortalecimiento organizacional y administración del Fondo Nacional de Autogestión.
La reforma busca equiparar ese porcentaje con el que actualmente reciben otros organismos del movimiento cooperativo, bajo el argumento de que el crecimiento del sector autogestionario justifica una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados al fomento cooperativo.
Más de 200 cooperativas y casi 35.000 asociados
El proyecto sostiene que el cooperativismo autogestionario ha evolucionado significativamente desde la década de los años ochenta.
Actualmente, indica la exposición de motivos, existen más de 200 cooperativas de autogestión que agrupan alrededor de 34.900 personas asociadas y desarrollan actividades en sectores tan diversos como salud, servicios, vigilancia, construcción, comercio, agricultura, turismo, tecnología y comunicaciones.
Asimismo, señala que estas organizaciones tienen presencia en prácticamente todas las regiones del país y generan un impacto directo sobre miles de familias costarricenses mediante la creación de empleo y el desarrollo de proyectos productivos.
Cambios al Fondo Nacional de Autogestión
La iniciativa también introduce reformas importantes en la administración del Fondo Nacional de Autogestión.
Entre ellas se establece expresamente que el Fondo constituye un activo propio de la CPCA y no del INFOCOOP, con el propósito de eliminar diferencias de interpretación que, según los redactores del proyecto, han surgido durante los últimos años respecto de su administración.
Además, se propone que el Fondo pueda acceder a empréstitos para ampliar su capacidad de financiamiento, incrementar la colocación de créditos y ofrecer mejores condiciones a las cooperativas de autogestión.
También se plantea reorganizar la Comisión de Crédito encargada de analizar y aprobar las operaciones financieras, fortalecer los mecanismos de custodia de garantías y asegurar que todos los bienes recuperados mediante procesos de cobro vuelvan a incorporarse al patrimonio del Fondo para financiar nuevos proyectos cooperativos.
INFOCOOP como institución financiera no bancaria
Otro de los cambios de mayor alcance consiste en reconocer expresamente al INFOCOOP como una institución financiera no bancaria.
La exposición de motivos sostiene que actualmente el Instituto desarrolla funciones financieras permanentes mediante el otorgamiento de créditos, administración de fondos, avales y apoyo financiero a cooperativas, por lo que considera necesario que su naturaleza jurídica refleje esa realidad.
Los impulsores afirman que esta modificación permitiría una mayor coherencia entre las funciones que desempeña el INFOCOOP y su clasificación institucional, sin eliminar los controles de la Contraloría General de la República ni las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
El proyecto también propone excluir al INFOCOOP del régimen de Caja Única del Estado.
Según la iniciativa, la permanencia del Instituto dentro de ese sistema limita la disponibilidad inmediata de recursos para atender las necesidades de financiamiento de las cooperativas, genera atrasos en los desembolsos y afecta la capacidad de respuesta institucional.
Los diputados sostienen que, debido a que el Infocoop administra un sistema permanente de crédito para el desarrollo cooperativo, requiere mayor flexibilidad en el manejo de su liquidez para responder oportunamente a las necesidades del sector.
Aun así, la propuesta aclara que la institución continuaría sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR), las auditorías internas y externas, la Ley General de Control Interno y el resto de mecanismos de control propios de las entidades públicas.
Nuevas herramientas para recuperar activos
La iniciativa también moderniza las reglas para administrar los bienes adjudicados al INFOCOOP mediante procesos judiciales.
Actualmente, explica el proyecto, la legislación prácticamente obliga a vender esos bienes.
La reforma permitiría utilizar otras figuras jurídicas como arrendamientos, comodatos, usufructos y otros mecanismos que permitan mantener la actividad productiva de esos activos mientras se recuperan los recursos invertidos.
Asimismo, plantea crear un fondo de avales y garantías para facilitar el acceso al crédito de cooperativas que cuentan con proyectos viables pero enfrentan dificultades para presentar garantías suficientes ante las entidades financieras.
Una actualización de la Ley 4179
Los impulsores sostienen que la Ley de Asociaciones Cooperativas requiere una actualización integral debido a que el movimiento cooperativo ha experimentado importantes transformaciones desde la aprobación de la normativa en 1968.
La exposición de motivos indica que el cooperativismo costarricense ha diversificado sus actividades económicas, aumentado su presencia territorial y ampliado considerablemente su aporte al desarrollo económico y social del país, mientras que buena parte de la legislación mantiene estructuras diseñadas para una realidad muy distinta.
En ese contexto, el proyecto plantea modificar los artículos 114, 140, 142, 143, 144, 145 y 152 de la Ley 4179, además de incorporar nuevas disposiciones relacionadas con el funcionamiento del INFOCOOP, la administración del patrimonio institucional, los mecanismos de financiamiento y la organización del movimiento cooperativo.
De aprobarse, la iniciativa representaría una de las reformas más amplias realizadas al marco legal del cooperativismo costarricense en los últimos años, al redefinir competencias institucionales, ampliar herramientas financieras y fortalecer los mecanismos de apoyo para un sector que, según el propio proyecto, agrupa a cientos de cooperativas y decenas de miles de personas asociadas en todo el país.
