Diego Arce.- El expediente 22.369 que forma parte de la agenda de impuestos pactada con el FMI suma un enemigo más. La Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa Rica (Asobancosta) afirma que esta es una propuesta regresiva, confiscatoria y que violenta directamente al solidarismo nacional.
Los solidaristas de Asobancosta consideran que el expediente 22.369 dejaron clara su negativa, al igual que otros sectores empresariales y económicos, por considerar que el proyecto en lugar de reactivar la economía, la deprime.
“Nos oponemos a la modificación por considerar que aplica un esquema regresivo y confiscatorio, que no considera los niveles de ingreso que puedan existir en una asociación solidarista.” manifestó Rafael Antonio Vanegas Cruz, Gerente General de Asobancosta, ante el incremento del Impuesto sobre la Renta.
Vanegas agregó: “En Asobancosta la tasa promedio de impuesto sobre la renta pagado para el periodo terminado 2020 ascendió a 6.85%, lo que indica que la mayor cantidad de asociados se concentra en la base de menor ingreso y por tanto se le aplica la tarifa del 5%”.
Para concluir sus manifestaciones sobre el incremento al Impuesto sobre la Renta, Vanegas considera que dejar el impuesto al 15% representa al año una menor oportunidad de desarrollo para sus asociados en alrededor de ¢218 millones y un aumento de tasa de excedentes del 119% versus la tarifa que actualmente se paga.
Respecto a la exoneración de pagos de impuestos por parte del salario escolar, la posición es la misma. Consideran que lesiona las obligaciones actuales de miles de trabajadores que pertenecen a Asobancosta.
Ante esto, presentan una recomendación, donde se establezca un esquema de escala de acuerdo con el salario escolar que cada uno reciba y no acrecentar más la desigualdad existente aplicando la eliminación al 100%.
Para finalizar, en consideración al artículo 8, Asobancosta considera: “El sector solidarista se ve muy afectado con este proyecto de Ley, el solidarismo ha demostrado a través del tiempo que es un bono proteger permanente, afectar su funcionamiento lo que ocasiona es mayor desigualdad y pobreza, además que impacta la recuperación económica al cercenar el consumo”.
El proyecto se cuenta entre las iniciativas de ley que el Ejecutivo impulsa como parte de los compromisos a los que se amarró (sin que se lo pidieran) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para conseguir un crédito por $1778 millones que se discute en el Congreso.
