Redacción. – El Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas (CNMC) contará oficialmente con una ley y personería jurídica instrumental propia.
El expediente 24.406 fue aprobado de forma unánime por la Asamblea Legislativa, marcando un hito en la estructura del Movimiento Cooperativo. A partir de ahora, el texto pasará a manos de Casa Presidencial.
Una vez que el mandatario Rodrigo Chaves lo firme, se convertirá formalmente en Ley de la República.
Con esta aprobación, la CNMC deja de ser únicamente un órgano de articulación dentro del sector y adquiere respaldo legal específico, autonomía instrumental y una estructura formal claramente definida. La normativa reforma el marco vigente para reconocer a la Comisión como instancia permanente encargada de representar, defender y fortalecer la participación de las mujeres cooperativistas en todo el país.
La ley establece que su finalidad será promover el desarrollo económico, político y social de las mujeres dentro del cooperativismo, así como impulsar su acceso a espacios de toma de decisiones.
Además, fija responsabilidades concretas en materia de liderazgo femenino, formación, capacitación y promoción de la participación en cooperativas de distintas regiones, con énfasis en zonas rurales y costeras.
Estructura formal y gobernanza
El nuevo marco jurídico define una estructura organizativa compuesta por tres niveles:
La Asamblea General será la máxima autoridad y estará integrada por una representante propietaria y una suplente de cada cooperativa de base debidamente acreditada. Tendrá entre sus funciones elegir al Directorio, aprobar reglamentos internos, conocer informes de gestión y revisar auditorías, además de velar por el cumplimiento de los derechos y la participación efectiva de las mujeres dentro del sector.
El Directorio asumirá la conducción estratégica. Estará conformado por nueve integrantes propietarias y tres suplentes, con representación sectorial y elección directa desde la Asamblea de Mujeres Cooperativistas. Sus mandatos serán de dos años y tendrá potestades clave como aprobar planes estratégicos, presupuestos y reglamentos, supervisar el uso de recursos, nombrar a la Dirección Ejecutiva y ejercer la representación institucional.
En el plano operativo, la Dirección Ejecutiva estará a cargo de la gestión diaria. Deberá ser ocupada por una mujer con experiencia en cooperativismo y administración. Tendrá la representación legal, ejecutará los acuerdos del Directorio, elaborará planes estratégicos, administrará el presupuesto y coordinará proyectos institucionales. Asimismo, deberá generar información sistematizada sobre la participación femenina en el sector y articular relaciones con instituciones públicas y privadas.
Financiamiento garantizado
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es el esquema de financiamiento. Se establece que el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) deberá transferir anualmente el 15% de sus fondos propios a la Comisión, lo que asegura recursos permanentes para su funcionamiento.
La normativa también habilita la posibilidad de que el Estado y otras entidades donen bienes o recursos a la CNMC. Adicionalmente, se incluye un artículo transitorio que ordena al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) realizar un aporte único de ₵197 millones para el inicio de operaciones, con el fin de facilitar su puesta en marcha institucional.
En cuanto a la operación interna, la ley regula el reconocimiento de dietas por asistencia a sesiones, fijando un monto de ₵54 mil por sesión, con un máximo de dos sesiones remuneradas al mes y posibilidad de ajustes conforme a la inflación.
Control y fiscalización
La Comisión estará sujeta a mecanismos de fiscalización. La auditoría interna del Consejo Nacional de Cooperativas deberá revisar su gestión, y los informes deberán ser conocidos tanto por el Directorio de la CNMC como por el propio Consejo, garantizando supervisión y transparencia en el uso de los recursos.
Con esta normativa, el Movimiento Cooperativo incorpora formalmente una instancia con base legal específica orientada a fortalecer la participación femenina en todos los niveles del sector.
La aprobación definitiva no solo representa un ajuste normativo, sino una transformación estructural en la forma en que el cooperativismo costarricense reconoce, organiza y potencia el liderazgo de las mujeres dentro de su propio modelo de gobernanza.
