San José.- Ante el riesgo y amenaza que representa para miles de usuarios de la ruta Nicoya – San José —operada aún por la empresa de buses Alfaro, que no cuenta con los seguros de ley ni con las unidades en estado óptimo— la Federación de Uniones Cantonales de la Península de Nicoya urge al Consejo de Transporte Público (CTP) acelerar el proceso para elegir un nuevo operador de la ruta 1507.
En esta línea, la Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode), se une a la exigencia para que se facilite a la brevedad la operación de una empresa que sí pueda garantizar la seguridad de quienes utilizan este servicio público.
Desde el 26 de marzo, dicho Consejo eliminó el permiso para que Empresa Alfaro siga operando la ruta debido a los incumplimientos comprobados, los cuales le impiden brindar un servicio de calidad a los usuarios. Sin embargo, a hoy esta empresa sigue operando, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las personas dentro y fuera de sus unidades.
Esta es la firma autobusera dueña de la unidad en que murieron ocho de sus pasajeros y al menos 30 más resultaron heridos el fatídico 17 de setiembre del año anterior en Cambronero, carretera Interamericana Norte.
Una investigación del CTP determinó que dicha unidad tenía su vida útil vencida lo cual le impedía contar con el seguro de Responsabilidad Civil que la ley exige a los operadores del transporte público.
Dicho incumplimiento tiene en el limbo a los sobrevivientes, sus familias y a las familias de las víctimas mortales, pues la única póliza que cubría al autobús era la del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), que se paga con el marchamo y tiene una cobertura básica.
Aunque Alfaro intentó detener el proceso para seleccionar con urgencia un nuevo operador para Nicoya, el juez de lo Contencioso rechazó la solicitud de medida cautelar y dio luz verde al CTP para que proceda a satisfacer las necesidades de los usuarios, quienes hoy siguen expuestos al riesgo de unidades obsoletas, en mal estado y sin seguro de Responsabilidad Civil.
Fundeprode hace eco del llamado de la Federación de Uniones Cantonales de la Península de Nicoya que adjuntamos como parte del llamado al CTP para que cambie cuanto antes el operador.
“Esperamos que las autoridades respondan al interés ciudadano, que finalmente arca el interés público que debe regir las acciones del Consejo de Transporte Público. Ahora que la vía está despejada, llamamos al CTP a resolver la situación de las miles de personas que mes a mes usan este servicio, para que se les garantice que una empresa que sí cumpla con los requisitos de ley, lo brinde”, afirmó Hermez González, director de Fundeprode.
“Esperamos, que no se vuelva a repetir un episodio tan lamentable, producto de la falta de supervisión del Estado y sus instituciones, así como de la soberbia e irresponsabilidad de la empresa infractora, indolente e insensible al sentimiento de la vida, derechos humanos, que precisamente defiende esta representación”, agregó González.
