La Voz Cooperativa – El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, advirtió a los diputados de la Comisión de Energía que la regla fiscal amenaza la seguridad energética de Costa Rica.
Por lo que deberían pensar en una reforma, para evitar la posibilidad de que no se pueda atender la demanda eléctrica a un plazo tan corto como los próximos cuatro años.
“Hago un llamado muy vehemente a los diputados a considerar el tope de regla fiscal en el ICE como una amenaza a la seguridad energética del país”, dijo ante los legisladores.
Acuña visitó la Comisión de Energía para referirse al proyecto de ley 23.414, la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico, presentado por el Gobierno, con el que se pretende reforzar la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía, y sacarle al ICE las funciones de planificación del desarrollo eléctrico.
Sin embargo, además de referirse al proyecto en el que indicó que la posición del ICE es “bastante neutral”, Acuña se refirió a la revisión del plan de expansión de la generación eléctrica, realizada desde que asumió la actual administración.
El jerarca del ICE aseguró que a partir del 2024 será necesaria la incorporación de más capacidad para el sistema eléctrico, y en ese sentido mencionó que se iniciaron las negociaciones con generadores privados, con el objetivo de recontratar la producción de plantas cerradas por la finalización de sus contratos; pero admitió que luego de dos meses no han logrado firmar nuevos contratos. “Esperamos que pronto logremos acuerdos”, expresó.
Adicionalmente, para el período del 2025 y 2026, se proyecta que será necesario incorporar más de 200 megavatios (MW) de energía eólica y solar, pero deberían finiquitarse desde este año y el siguiente para que puedan estar listos.
“Para los próximos cuatro años, vamos a necesitar más de 500 a 600 MW que se incorporen al sistema eléctrico nacional, para poder suplir la demanda”, manifestó Acuña.
Para Acuña “desde el punto de vista financiero, el ICE no puede hacerse cargo de esa incorporación de oferta, por dos razones: una, porque aún se están pagando inversiones de años recientes, como el caso del proyecto hidroeléctrico Reventazón. Y lo segundo, tenemos la regla fiscal, que probablemente nos impida incluso comprar a generadores privados en el futuro”.
