Por Ovidio Vargas.
La fracción del Frente Amplio le solicitó a la Contraloría General de la República que se analice si el aumento en los salarios del gabinete de Rodrigo Chaves es legal; de manera tal que se elimine una posible irregularidad.
El salario de un ministro se ha mantenido congelado desde la entrada a Gobierno de Laura Chinchilla en el 2010, donde se terminó la cortesía de la administración saliente de aumentar los salario al gabinete entrante.
Los frenteamplistas reclaman un aumento desmesurado para el salario de los ministros, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018; misma que niega el aumento en otros servidores públicos y de la cual la Contraloría se ha guindado para evitar más aumentos en el sector estatal.
En una carta enviada a la Contralora, Marta Acosta, los diputados le piden a pronunciarse sobre la decisión presidencial.
En simple, los legisladores le piden a la CGR que se consecuente con su discurso en las reiteradas ocasiones que les han negado un aumento de salario o de presupuesto al resto del sector público.
“Le hemos pedido que valore si está apegado a la legalidad este aumento tan
grande que se les ha dado a esos salarios base justificados en que no se les ha
otorgado aumentos por costo de vida durante varios años, pese a que la ley es
clara en que no se puede otorgar aumentos por costo de vida a los salarios bases
y otros incentivos”, dijo el jefe de fracción, Jonathan Acuña.
Según la ley, el nivel de endeudamiento del país no debe sobrepasar el 60% del PIB, por lo que los empleados públicos no podrán recibir aumentos en sus salarios base o incentivos.
La fracción de izquierda denuncia que el aumento de los ministros de (₡1,3 a ₡2,5 millones) es de un 98%, a poco de doblar su salario, superando el umbral del 60%.
Además hace su descargo en que si bien, existe un congelamiento de 12 años, la diferencia en inflación es de un 32,8%.
