Auditoría de la CGR revela acciones de la intervención que no estuvieron orientadas a garantizar la sostenibilidad de la institución
Redacción. – Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Junta Interventora del Gobierno que actuó sobre el Infocoop durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, lejos de apoyar la institución, la puso en riesgo.
Así lo señala el Informe DFOE-GOB-IF-0001-2021de la auditoría de carácter especial de la CGR realizada sobre el periodo que va del 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020.
Al respecto, las actuales autoridades del Infocoop se desmarcaron de los señalamientos de la CGR, apuntando que los yerros y fallas se dieron durante la administración de la Junta Interventora del Gobierno.
Es entendible el esfuerzo por desmarcarse, pues en el documento de la Contraloría se detalla que las gestiones financieras y estratégicas desarrolladas por los representantes de la intervención política que afectó al Movimiento Cooperativo, “no estuvieron orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera de la institución”.
Asimismo, se determinó que los procesos y actividades de la gestión financiera de los interventores del Infocoop “no se encontraban claramente definidas”, lo cual limitaba el adecuado funcionamiento institucional.
La CGR también halló que la estructura de tasas de interés establecida por la Junta interventora no incorporaba análisis financieros a mediano y largo plazo, lo cual limitaba al Instituto a tomar decisiones en relación con su sostenibilidad financiera.
Lo anterior, se debe a que la Junta Interventora no contó con un manual de procedimientos integral para la gestión financiera del Infocoop.
Esto los dejó sin herramientas técnicas para orientar la participación y responsabilidades de los funcionarios y unidades involucradas en el proceso de planificación, obtención, asignación, ejecución, control y evaluación de sus recursos financieros.
Además, se evidenció que, en el proceso de valoración de riesgos institucional, el Departamento Administrativo Financiero no incorporó los riesgos asociados a sus actividades, lo cual limitó la generación de información oportuna para realizar un análisis integral de los riesgos relacionados con la gestión financiera, y a su vez, permitiera diseñar mecanismos de respuesta anticipada ante eventos que pudieran afectar la sostenibilidad financiera de Infocoop.
FINANZAS
El informe DFOE-GOB-IF-0001-2021 detalla respecto a la ejecución de recursos financieros que, ‘se presentaron debilidades en cuanto a los criterios de colocación de créditos y la recuperación de estos mediante cobro judicial o acciones alternativas de cobro’, lo cual generó situaciones que afectan cobertura, crecimiento y sostenibilidad financiera.
Además, Infocoop no estableció acciones operativas de conformidad con el Plan Estratégico Institucional, para obtener una mayor cobertura y desconcentración de la cartera de crédito, que le permita mantenerse dentro de los niveles aceptables de riesgo para garantizar su sostenibilidad financiera.
A lo anterior, se identificó que la normativa para el proceso de cobro y recuperación de créditos carecía de criterios para un análisis de las operaciones adeudadas con más de 45 días de atraso.
Lo anterior implica que, a criterio de la CGR, los interventores no tenían herramientas técnicas para llevar a cabo un cobro judicial o acciones alternativas de cobro.
Dicha situación se reflejó en que de 304 operaciones colocadas en créditos al 30 de junio de 2020; 59 superaran los 45 días de atraso, lo cual supone un riesgo para la recuperación de más de ¢24 mil millones (20% del saldo en la cartera).
Valga destacar que este comportamiento se ve reflejado también en los datos del año 2019, respecto del cual la tasa de morosidad para el mes de diciembre, que se ubicó en un 20,3%.
En cuanto a las actividades de seguimiento y evaluación, se determinó que los diferentes departamentos que conformaron la gestión financiera del Infocoop durante la intervención política, generaron información financiera de manera aislada.
¿Y CÓMO SE DIO LA INTERVENCIÓN?
La intervención al Infocoop se dio a partir de febrero del 2017, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, y se extendió finales del 2019, ya durante el gobierno de Carlos Alvarado.
Esta intervención se justificó a raíz de una serie de denuncias anónimas que carecían de sentido y que fueron acogidas por cuestionados personajes del Ministerio Público cercanos a figuras del expresidente Solís, como la exfiscal Berenice Smith.
Dichas denuncias han sido replicadas sin sustento técnico por parte del exdirector de dicha intervención, Gustavo Fernández, quien fue un duro promotor de la intervención que le supuso una mejora sustancial en su perfil como funcionario de la institución, pasando de ser el gerente de Comunicación a ser el Director ejecutivo interino de la entidad.
Sin embargo, luego de años de acumular polvo en la Fiscalía, dichas denuncias no han dado frutos.
Lejos de eso, poco a poco se ha ido cayendo en entramado de planteamientos sin sustento en que se basó la intervención política del Infocoop, según ha señalado en distintas ocasiones el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Geovanny Villalobos Guzmán.
La intervención llegó hasta el 30 de noviembre del 2019, luego de cuestionamientos políticos de miembros del sector cooperativo, así como de manifestaciones públicas y mediáticas, que pusieron en evidencia la manipulación en estados financieros institucionales y el juego político para mantener una intervención que lejos de beneficiar, perjudicó al Movimiento Cooperativo.
