Tal y como lo había anunciado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Ejecución de la Pena por considerarla nociva y contraria a los que los costarricenses quieren.
Fue el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos quien llegó a la Asamblea Legislativa para entregar el documento con la respectiva argumentación del porqué deciden tomar esta acción.
“Hay un compromiso del Ejecutivo en poner razones jurídicas para demostrarle al país que esta ley no viene a garantizar esa seguridad que tanto anhelan los costarricenses. Tenemos tanto razones de conveniencia de oportunidad, como razones de constitucionalidad, las hacemos argumentado y esperamos que esto sea suficiente para que una ley que consideramos nociva no siga el camino de ser ley de la República”, expresó Campos.
Según señaló los argumentos son trabajo del equipo jurídico técnico del Ministerio de Justicia y Paz, así como de un equipo de asesor externo, con el fin de no dejar campo a dudas en que es una ley contraria a lo que el país necesita.
“En esta ley se traslapan las funciones que constitucionalmente se le dan al Poder Judicial con las funciones que constitucionalmente se le dan al Poder Ejecutivo, vamos a ver qué se resuelve ahora, pero estamos comprometidos con el país, comprometidos con la seguridad y comprometidos con no permitir leyes que vienen a permitir más de lo mismo, no queremos alcahuetería en el sistema penitenciario”, agregó el Ministro.
Ahora los diputados deberán analizar el veto y de insistir en que se convierta en ley entonces requerirán de 38 votos para poder resellarla.
