Aarón Chinchilla. – Un proyecto de ley impulsado por el diputado guanacasteco Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debilitaría a las cooperativas de ahorro y crédito, lo que atenta contra el modelo solidario, según la alerta que hicieron federaciones y cooperativas del ramo financiero.
Francisco Montoya, gerente de Coopealianza, señaló que el proyecto de ley que se discute
en el expediente 22.121, atenta contra el sector de ahorro y crédito, ya que afecta los indicadores de suficiencia patrimonial, el cual es uno de los factores que más se enfoca la supervisión financiera en las cooperativas.
El gerente advirtió que en un corto plazo, se vería atractivo para las personas capitalizar su patrimonio o bien retirarse de las cooperativas con tal de obtener los recursos de capital social aportado, lo que provocaría una fuga de asociados afectando el modelo cooperativo.
“Como cooperativas, no podríamos apoyar esta iniciativa. Todo ahorro y crédito se ve afectado. La misma ley cooperativa define que las entidades deben cuidar su patrimonio y para efecto de retiros, podrán entregarlos siempre y cuando no afecte la condición económica de la asociación.
“Es una afectación y debilitamiento patrimonial a las cooperativas. Eso restringe el crecimiento, seguir brindando servicios y aportar a las comunidades”, dijo Montoya.
Criterio similar tiene Carlos Montero, gerente de Coopemep, quien señaló que no se puede apoyar ya que “es causístico” y genera una diferencia odiosa con otras 500 cooperativas.
“La propuesta se extralimita. Descapitaliza a las cooperativas y se sale del espíritu de la ley 4179. No lo podemos apoyar de ninguna forma”.
La Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoopse R.L) asegura que el expediente 22.121 no toma en cuenta la posible descapitalización a las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual afectaría su funcionamiento y cuando una persona se afilia de manera voluntaria, “adhiere al pacto social y estatutos de la misma”, por lo que, el proyecto contravendría la relación de contrato entre ambas partes.
En la misma línea, manifiestan que el proyecto se extralimita, saliéndose del espíritu
de la ley 7391 (intermediación financiera de organizaciones cooperativas) y no asegura el cumplimiento de los artículos 3,69 y 72 de la ley 4179 (Ley para el asociado de las cooperativas de ahorro y crédito).
¿Y DE QUÉ VA EL PROYECTO?
La iniciativa de Peña promueve que las personas que se retiran de una cooperativa puedan obtener sus recursos “con certeza y sin ambigüedades, a partir del momento en que ejerza su derecho al retiro” y, además, “no se podrá aplicar ninguna sanción basada en criterios de tiempo mínimo de pertenencia a la cooperativa”.
Asimismo, el texto plantea que el asociado acuerde voluntariamente un plazo mayor para el desembolso de este finiquito, siempre que el monto a devolver se clasifique como un pasivo de la cooperativa y ésta pague al asociado un interés igual a su tasa de captación según el plazo acordado.
Según Peña, en momentos de crisis económica, “no es razonable que cualquier persona que se desafilie de una cooperativa tenga que esperar entre uno o dos años para que se le reintegre sus aportaciones realizadas al capital social”.
“Las cooperativas deben ser más flexibles ante la eventualidad de que el asociado tenga una urgencia de liquidez, como en la actual coyuntura de la pandemia, en que se han reducido los ingresos de las familias y destruidos miles de empleos”, señaló.
