La presión en el país aumenta a cada momento. El Gobierno intenta, a marchas forzadas y contra la pared, generar las soluciones que urge en el país en un solo mes.
La mesa de diálogo del Gobierno, que inicia una metodología desde cero, camina en paralelo a la de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, sin que hasta el momento los más de 175 miembros representantes de sectores en ambas juntas tengan claro el norte.
Mientras tanto, las tasas de interés del servicio de la deuda amenazan con dispararse. El dólar está escaseando en el mercado de cambio de divisas apenas la última semana de octubre, el Banco Central debió inyectar cerca de $27 millones para evitar un disparo de la divisa.
Las protestas callejeras, aunque debilitadas, mantienen a las autoridades transnochadas. La economía sigue sin reactivarse, pese a una apertura gradual de playas, parques, bares y restaurantes.
El desempleo sigue en un récord histórico de 24%. La pobreza extrema se disparó según el último informe del INEC. Los diputados presionan por el recorte del gasto público.
La Contraloría y otras instituciones insisten que el recorte debe ser cuidadoso para evitar el bloqueo de instituciones estatales que dan servicio a los actores económicos del sector privado.
El país se enfrenta una de las más grandes crisis y emergencias económicas de su historia, sino la más grande desde la fundación de la República en 1848 o incluso desde la Independencia de Centroamérica en 1821.
Este es el panorama en el que el Presidente de la República, Carlos Alvarado se atrevió a decir que si se logra el cometido haremos historia y si no se logra también.
En este río revuelto, se han acercado al Gobierno actores de todas las clases. Desde la Asociación Bancaria hasta una Unión de Cámaras que, a tropezones, se integró a las mesas del Ejecutivo para sumar.
Tal juego de intereses y grupos discordantes entre sí, donde se destacan empresarios, sindicalistas, protestantes y políticos oportunistas amenazan la estabilidad del Estado social de Derecho.
Todo este caos, espera el Gobierno poderlo ordenar en este mes de noviembre, para poder empezar a enviar al Congreso los proyectos de ley necesarios para hacer los cambios que eliminen el déficit del Estado que ya supera los 6 puntos del PIB, sin que esto implique un entrabamiento o una eliminación del aparato estatal.
Ante esta coyuntura, el movimiento cooperativo está en la obligación de levantar la mano y decir presente, para salvaguardar los intereses de cientos de miles de cooperativistas que podrían ver afectados sus emprendimientos en caso que el Gobierno ceda a los intereses que jalan en todas las direcciones.
En este escenario, las figuras del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) están llamados a cerrar filas y posicionarse como un solo bloque cooperativista, para enfrentar los embates de grupos de interés que quieren aprovechar la presión que pesa en el Gobierno para debilitar al movimiento cooperativo.
Hasta el momento, la respuesta de los órganos cooperativos ha estado a la altura, no así las posiciones ambivalentes del Gobierno que, por momentos, pareciera caer en la tentación de grupos de interés económico que sólo piensan en utilidades y beneficios.
Hoy más que nunca, el cooperativismo debe escucharse como una sola voz: una sola voz cooperativa.